Asunción, Paraguay.- La crisis política de Paraguay dio un nuevo giro este viernes 6 de noviembre, luego de que el Senado destituyó al presidente Santiago Peña por el escándalo financiero de Ueno Bank. Además de perder el cargo, el exmandatario quedó bajo arresto domiciliario mientras la Fiscalía investiga su presunta participación en irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos.
La decisión del Senado recibió 44 votos a favor y una abstención, después de un juicio político por supuesto mal desempeño de sus funciones. Tras la resolución, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay y deberá completar el periodo de gobierno que concluye en agosto de 2028.
El caso comenzó con la intervención de Ueno Bank, una institución financiera que presentó graves problemas de solvencia y dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso normal a sus ahorros y cuentas bancarias. La situación provocó protestas en las calles y aumentó la presión sobre Peña, quien mantuvo vínculos empresariales con el grupo propietario del banco.
Los legisladores acusaron al expresidente de presuntamente favorecer a la institución mediante el depósito de recursos públicos y de permitir irregularidades en su supervisión financiera. Peña rechazó las acusaciones y sostuvo que no cometió actos ilícitos, por lo que las responsabilidades penales deberán determinarse mediante las investigaciones correspondientes.
Una de las consecuencias más importantes de su destitución es que perdió la posibilidad de convertirse en senador vitalicio, una condición que la Constitución paraguaya contempla para los expresidentes electos que no resultan destituidos mediante juicio político. Esta diferencia adquiere relevancia porque el cargo otorga protecciones parlamentarias que pueden influir en los procedimientos judiciales.
Peña anunció su renuncia el jueves 5 de noviembre, pero el Congreso no la resolvió y decidió continuar con el juicio político. Un día después, el Ministerio Público ordenó que permaneciera bajo arresto domiciliario por una investigación relacionada con el presunto delito de lesión de confianza. La medida no representa una sentencia condenatoria.
Por otra parte, el nuevo presidente Pedro Alliana asumió el gobierno mientras continúan las investigaciones contra antiguos directivos bancarios y funcionarios. Aunque su propia actuación también está bajo revisión de las autoridades, la Cámara de Diputados rechazó iniciar un juicio político en su contra.
Mientras tanto, miles de familias paraguayas siguen pendientes de recuperar su dinero. Las autoridades financieras comenzaron a realizar devoluciones parciales y aseguraron que los depósitos cuentan con mecanismos de protección, aunque la restitución de los recursos todavía representa uno de los principales retos del nuevo gobierno.
De esta manera, la destitución de Santiago Peña cerró su etapa presidencial, pero dejó abiertos dos asuntos: las investigaciones para determinar posibles responsabilidades penales y la recuperación de los ahorros afectados por la crisis bancaria.
Agencias
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