Tensión Venezuela-EU: ¿es legítimo incautar petroleros?

<p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4moBFKv2ZHaZOY-2Sy-DTYetwwDOBs4R5maCjOqt2C0re0Flb_WIynFh9pbIg6qi8Y-fGSX0ppJc1vyzhpEqxX8y1IKmdvqE-iCV28xr_pvpILnC3JhioCcRFO-pZuzxuIpusBwtAdb8lQpNIP8xiZHTbFgpRt4s71BnWiHldsAYMS4anufQzta0t3r4/s1150/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="699" data-original-width="1150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4moBFKv2ZHaZOY-2Sy-DTYetwwDOBs4R5maCjOqt2C0re0Flb_WIynFh9pbIg6qi8Y-fGSX0ppJc1vyzhpEqxX8y1IKmdvqE-iCV28xr_pvpILnC3JhioCcRFO-pZuzxuIpusBwtAdb8lQpNIP8xiZHTbFgpRt4s71BnWiHldsAYMS4anufQzta0t3r4/s16000/1.jpg" /></a></div><span style="font-family: arial;"><p style="text-align: justify;">En una nueva fase de la escalada en su estrategia de máxima presión sobre Venezuela, Donald Trump ordenó como parte de la operación "Southern Spear" (Lanza del Sur) un "bloqueo total y completo" de todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. Esta medida apunta a obstaculizar el flujo de la mayor fuente de ingresos del régimen de Nicolás Maduro. </p></span><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">En los últimos quince días, se han registrado tres operaciones sobre buques petroleros en aguas del Caribe. El 10 de diciembre, fuerzas estadounidenses —con participación de la Guardia Costera y apoyo del Departamento de Defensa— interceptaron e incautaron el tanquero M/T Skipper en alta mar tras su salida de Venezuela, con aproximadamente 2 millones de barriles de crudo a bordo.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">El 20 de diciembre, en una operación similar, abordaron un segundo barco, el tanquero Centuries, que transportaba 2 millones de barriles con destino a China. Y el 21 de diciembre, Estados Unidos reportó estar en "persecución activa" de un tercer tanquero, el Bella-1, que navegaba vacío hacia Venezuela para cargar petróleo.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Estas operaciones han desatado un intenso debate político y jurídico sobre si Estados Unidos está actuando dentro del marco del derecho internacional o ejerciendo una intervención unilateral que excede sus facultades legales en aguas internacionales.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">La justificación de Washington: seguridad nacional y petróleo "sancionado"</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Estados Unidos justifica políticamente estas operaciones invocando razones de seguridad nacional. Según voceros de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional, el petróleo sancionado que sale de Venezuela financia redes ilícitas vinculadas con organizaciones catalogadas por Washington como terroristas y a un régimen que "inunda" a los Estados Unidos con drogas mortales.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">En este sentido, estas acciones se enmarcan en un conjunto de sanciones previas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, contra una "flota sombra” o "flota fantasma”: buques que operan en los márgenes del comercio marítimo global para eludir sanciones internacionales, utilizando tácticas de evasión marítima para ocultar el origen, la ruta, la propiedad y el destino del cargamento.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Desde el 2019, el Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha sancionado a más de 300 buques por transportar petróleo sancionado de Irán, Rusia y de la estatal venezolana PDVSA hacia Asia. Estas embarcaciones han sido incluidas en la "SDN List” (lista de sancionados de la OFAC), lo que congela sus activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe toda transacción con ciudadanos o empresas del país. En la práctica, esta medida las aísla del sistema financiero global.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">De las sanciones al abordaje: marco legal interno de EE. UU.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Junto con el régimen de sanciones de la OFAC, la administración Trump ha invocado dos bases jurídicas adicionales del derecho interno de Estados Unidos para sustentar estas operaciones en el Caribe.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">La primera es la norma 14 U.S.C. § 522, que faculta a la Guardia Costera a realizar indagaciones, exámenes, inspecciones, registros, decomisos y arrestos "en alta mar" para prevenir y reprimir violaciones de las leyes estadounidenses.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">La segunda son las "seizure warrants" (órdenes judiciales de incautación) emitidas por tribunales federales con base en normas penales de decomiso y legislación antiterrorista, bajo el argumento de que el buque y su carga constituyen activos vinculados a redes de financiamiento del terrorismo.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">En ese marco jurídico, se encuadra la situación del buque M/T Skipper. El Departamento de Justicia (DOJ) divulgó en una nota de prensa los elementos centrales de la orden de incautación dictada por el Tribunal del Distrito de Columbia, tras el abordaje del tanquero en alta mar el 10 de diciembre de 2025.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Según la nota del DOJ, la medida se basó en que el buque —previamente identificado y sancionado por la OFAC bajo su antiguo nombre Adisa— operaba como parte de una red de transporte de crudo destinada a beneficiar financieramente a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC-QF) y a Hezbolá.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">En el caso del M/T Centuries, según reportes de prensa, esta embarcación no figuraba individualmente en la lista de buques sancionados de la OFAC, pero Washington lo consideró como parte de la red de evasión por el hecho de transportar petróleo sancionado de PDVSA y operar con una red que, en su conjunto está bajo sanciones. Por otro lado, aunque los voceros de la administración Trump, señalan que se actuó bajo la misma arquitectura legal, hasta el momento no se conoce una orden específica de decomiso emitida por un tribunal federal.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">El estándar del derecho internacional del mar</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) consagra la libertad de navegación como un derecho fundamental en alta mar (art. 87). En efecto, los buques que operan en esas aguas están, por regla general, sometidos a la jurisdicción exclusiva del Estado cuya bandera enarbolan. Esta protección solo admite excepciones explícitas y limitadas.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Por ejemplo, el artículo 110, faculta a los buques de guerra a ejercer el derecho de visita sobre embarcaciones extranjeras en alta mar únicamente cuando existen motivos razonables para sospechar que el buque: (i) comete actos de piratería; (ii) participa en la trata de esclavos; (iii) "stateless” (carece de nacionalidad); o (iv) navega con la bandera de un Estado distinto al de su verdadera nacionalidad. Además, dichas inspecciones pueden realizarse con el consentimiento expreso del Estado de pabellón (art. 110, párr. 3).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Aunque Estados Unidos no ha ratificado la CONVEMAR, reconoce su contenido como derecho internacional consuetudinario. En el caso del M/T Skipper, la Guardia Costera de EE. UU. justificó su visita y registro con base en la confirmación oficial del Departamento de Administración Marítima de Guyana respecto a que "el buque no está registrado oficialmente en Guyana" y utilizaba fraudulentamente su bandera, configurando un caso de buque sin nacionalidad lo que autoriza el abordaje en aguas internacionales.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Respecto al M/T Centuries, de bandera panameña, funcionarios estadounidenses describieron la operación de visita y registro como una "consented boarding” (abordaje consentido). Por su parte, el canciller panameño Javier Martínez-Acha declaró que el buque interceptado habría violado la legislación marítima panameña, indicando que "el nombre del buque había sido modificado, la identificación de la tripulación no coincidía con los registros oficiales y, además, se confirmó que desconectaron los sistemas de localización".</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Los argumentos en tensión</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Si bien buena parte de los expertos consultados coinciden en que, con base en la información que se dispone, las operaciones de visita e inspección inicial realizadas hasta el momento por Estados Unidos dentro de su operación "Southern Spear” se ajustan al derecho internacional, también advierten que, con respecto a la posterior incautación y confiscación permanente de los buques por parte de la administración estadounidense, se entra en una "zona gris jurisdiccional".</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">CONVEMAR no precisa hasta dónde llega la autoridad del Estado que aborda un buque sin nacionalidad. Preguntas como ¿hasta dónde llega la jurisdicción posterior del Estado que aborda un buque sin nacionalidad sobre el navío, las personas y la carga? abren, según los expertos, cuestiones sin resolver y altamente controvertidas.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Este vacío normativo en el derecho del mar viene acompañado, según los expertos, de otras tensiones jurídicas. Por un lado, está el carácter unilateral de las sanciones estadounidenses sobre las cuales se justifica la confiscación permanente. Por otro, el precedente que esto establece: si se normaliza esta práctica, cualquier Estado con capacidad naval podría incautar buques en alta mar alegando que violan sus leyes domésticas, erosionando así el principio fundamental de libertad de navegación consagrado en CONVEMAR.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Escalada progresiva de las detenciones y confiscaciones</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Una breve revisión de algunos casos recientes muestra una escalada de las operaciones de detención y confiscación de buques sancionados. En julio de 2019, el buque Grace 1 (rebautizado Adrian Darya 1), con bandera panameña (pese a que Panamá había anunciado semanas antes el retiro de su registro), fue detenido por fuerzas británicas en aguas de Gibraltar.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Transportaba alrededor de 2,1 millones de barriles de crudo iraní y se sospechaba que se dirigía a Siria en violación de sanciones europeas contra el régimen de Bashar al Assad. Estados Unidos solicitó su decomiso alegando vínculos con la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC), pero Gibraltar rechazó la petición, debido a que las sanciones estadounidenses invocadas no eran vinculantes para su ordenamiento jurídico, y la base jurídica que priorizó fue el régimen de sanciones europeo.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">En agosto de 2020, EE. UU. confiscó la carga de más de un millón de barriles de gasolina iraní con destino a Venezuela, transportada en cuatro tanqueros de propiedad privada y bandera liberiana: Bella, Bering, Pandi y Luna. Según el Departamento de Justicia, la medida se ejecutó bajo el amparo de una orden judicial de decomiso, emitida por un juzgado federal, por nexos de ese cargamento con la IRGC y a esquemas de evasión de sanciones.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Las autoridades norteamericanas, mediante presión diplomática y negociación, lograron que los propietarios de los buques accedieran a transferir el combustible a "socios extranjeros" (buques no identificados públicamente) vía operaciones "ship-to-ship" (transferencia de barco a barco) en alta mar, dirigiendo el combustible a Estados Unidos.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Estos precedentes, sumados a los episodios recientes del Caribe permiten anticipar un control cada vez más estricto del tráfico energético objeto de sanciones por parte de los Estados Unidos, y con ello, un incremento de la tensión entre eficacia política y controversia jurídica en alta mar.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">(ms)</span></p>

Tensión Venezuela-EU: ¿es legítimo incautar petroleros?

En una nueva fase de la escalada en su estrategia de máxima presión sobre Venezuela, Donald Trump ordenó como parte de la operación "So...

Read more »

Canadá promete USD 1.827 millones para reconstruir Ucrania

<p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgazvuuPM43-sj6DswrAapE8J4AfvaEAojZ7miPAhIARvPEO5E4NYqxlqqB1AXfvyGCCjGd3HT9dHzzEjN6V02kIcMje5lB_B5chg2iOfug8iw_DOfwQIy1jVggYXaykLHlEjvweSHD4i3st29G-XQ7PO7LMCxblsvcrLIW5c3uXbP8vW_nDmKC55Gfeo8/s1150/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="725" data-original-width="1150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgazvuuPM43-sj6DswrAapE8J4AfvaEAojZ7miPAhIARvPEO5E4NYqxlqqB1AXfvyGCCjGd3HT9dHzzEjN6V02kIcMje5lB_B5chg2iOfug8iw_DOfwQIy1jVggYXaykLHlEjvweSHD4i3st29G-XQ7PO7LMCxblsvcrLIW5c3uXbP8vW_nDmKC55Gfeo8/s16000/1.jpg" /></a></div><span style="font-family: arial;"><p style="text-align: justify;">Canadá proporcionará a Ucrania ayudas por valor de alrededor de 2.500 millones de dólares canadienses (1.827 millones de dólares estadounidenses o 1.552 millones euros), informó este sábado (27.12.2025) el primer ministro canadiense, Mark Carney.</p></span><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Los recursos le permitirán a Kiev acceder a 8.400 millones de dólares en préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">El anuncio de la ayuda fue realizado por Carney, tras el encuentro que mantuvo en Halifax (Canadá) con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">El mandatario ucraniano hizo una escala en Halifax de camino hacia Florida, donde el domingo se reunirá con el presidente de EE.UU., Donald Trump, para discutir el plan de paz que el líder ucraniano presentó esta semana.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">La ayuda anunciada por Carney será proporcionada en forma de instrumentos financieros estratégicos. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Garantías de préstamo</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Por una parte, Canadá participará en una extensión y ampliación de la suspensión de pagos de deuda de hasta 1.500 millones de dólares canadienses en 2025-2026.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Además, Canadá proporcionará garantías de préstamo de hasta 1.300 millones de dólares canadienses al Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (una agencia del Banco Mundial) para la reconstrucción de Ucrania.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">A esa cifra se sumarán garantías de préstamo por otros 322 millones de dólares canadienses al Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo para apoyar las importaciones de gas y el refuerzo de su seguridad energética.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">Canadá destacó en un comunicado que, desde que Rusia invadió Ucrania, ha proporcionado cerca de 22.000 millones de dólares canadienses de ayuda a las autoridades de Kiev.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial;">mg (efe, reuters)</span></p>

Canadá promete USD 1.827 millones para reconstruir Ucrania

Canadá proporcionará a Ucrania ayudas por valor de alrededor de 2.500 millones de dólares canadienses (1.827 millones de dólares estadounide...

Read more »