Ciudad de México.- La muerte de tres adolescentes en Nuevo León y Michoacán ha vuelto a poner bajo cuestionamiento la responsabilidad de las instituciones encargadas de proteger a niñas, niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Aunque los fallecimientos ocurrieron en circunstancias distintas, organizaciones defensoras de los derechos de la infancia consideran que existen posibles omisiones y actuaciones de autoridades que deben investigarse para esclarecer lo sucedido.
En el marco del Día de Muertos, la organización Tejiendo Redes Infancia impulsó dos campañas de recolección de firmas mediante la plataforma Change.org, con las que busca mantener visibles los casos de Ángel Moreno, Valeria Cantú y Víctor Manuel. La agrupación sostiene que las familias tienen derecho a conocer la verdad y que las instituciones deben responder cuando una persona menor de edad pierde la vida mientras se encuentra bajo su responsabilidad o en circunstancias relacionadas con su actuación.
Uno de los casos es el de Ángel Moreno, un adolescente de 14 años con discapacidad que murió en febrero de 2022 dentro del albergue Fabriles, perteneciente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León. Inicialmente, su fallecimiento fue presentado como una muerte por causas naturales; sin embargo, las investigaciones de organismos de derechos humanos documentaron graves irregularidades, entre ellas maltrato, negligencia y actuaciones que habrían contribuido directamente a su muerte. La Comisión Estatal de Derechos Humanos calificó lo ocurrido como un crimen de Estado.
Aunque dos extrabajadores del DIF fueron vinculados a proceso penal en 2023, las organizaciones consideran que todavía no existe una respuesta suficiente para esclarecer todas las responsabilidades. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también emitió una recomendación por este caso, mientras que familiares y activistas han exigido al gobierno estatal atender las observaciones y garantizar que los centros de protección no vuelvan a convertirse en espacios donde los menores enfrenten situaciones de violencia o abandono.
La segunda historia corresponde a Valeria Cantú, una joven que padecía epilepsia y que, de acuerdo con Tejiendo Redes Infancia, salió del sistema de protección del DIF en octubre de 2025 sin contar con los apoyos necesarios para continuar su atención. Su fallecimiento ocurrió en junio de 2026 y ha generado cuestionamientos sobre el acompañamiento que reciben las personas que abandonan estas instituciones, especialmente cuando viven con enfermedades que requieren tratamiento y vigilancia médica constante.
La agrupación sostiene que en este caso pudieron existir omisiones institucionales que deben investigarse. Más allá de establecer responsabilidades antes de que concluyan las indagatorias, el fallecimiento plantea una pregunta sobre lo que ocurre con los jóvenes que dejan de estar bajo protección del Estado y necesitan continuar sus tratamientos. Para los defensores de la infancia, la atención no debería terminar simplemente cuando una persona abandona un albergue o deja de estar sujeta a un programa de asistencia.
El tercer caso ocurrió en Michoacán y está relacionado con el asesinato del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre de 2025. Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años y originario de Paracho, fue identificado por la Fiscalía estatal como el autor material del ataque. Las investigaciones posteriores señalaron que había sido incorporado a una célula delictiva mediante una red de reclutamiento de jóvenes, aunque las circunstancias exactas de su participación y el grado de coerción al que pudo haber estado sometido continúan siendo motivo de cuestionamientos.
El adolescente murió después del atentado, cuando fue intervenido por elementos encargados de la seguridad del alcalde. La forma en que ocurrió su muerte generó una investigación adicional, debido a versiones y evidencias que apuntaban a que ya había sido sometido cuando recibió el disparo que terminó con su vida. Por ello, organizaciones defensoras de derechos humanos consideran necesario esclarecer la actuación de los agentes, independientemente de la participación que las autoridades atribuyeron al joven en el homicidio del presidente municipal.
Tejiendo Redes Infancia señaló que ningún delito justifica ejecutar a una persona detenida y pidió una investigación independiente y exhaustiva. También destacó que el reclutamiento de adolescentes por organizaciones criminales debe analizarse como un problema de protección de la infancia, pues muchos jóvenes son incorporados a actividades delictivas mediante amenazas, engaños o aprovechando sus condiciones de vulnerabilidad.
Las exigencias incluyen que las autoridades de Nuevo León atiendan las recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos, que el Congreso estatal reactive los mecanismos de seguimiento del caso Ángel Moreno y que las fiscalías investiguen a todas las personas posiblemente involucradas. En el caso de Michoacán, la petición se concentra en aclarar las circunstancias en las que murió Víctor Manuel y determinar si existieron responsabilidades penales por parte de los agentes que participaron en su detención.
Aunque las tres historias son diferentes y requieren investigaciones independientes, las organizaciones consideran que muestran dificultades en la protección de adolescentes que dependen de instituciones públicas o que se encuentran expuestos a la violencia. Su principal exigencia es que las investigaciones no se limiten a identificar a responsables individuales, sino que también permitan determinar si existieron fallas institucionales y establecer medidas para evitar que situaciones semejantes vuelvan a ocurrir.
Proceso
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