Washington, EU.- A un día de las elecciones legislativas en Estados Unidos, el financiamiento de candidatos independientes y de partidos minoritarios ha desatado una nueva controversia, luego de que se revelara que organizaciones externas han invertido más de 16.5 millones de dólares en promover aspirantes que podrían dividir el voto en contiendas muy cerradas. La situación ha generado cuestionamientos sobre el papel que desempeñan estos grupos en una elección donde pequeñas diferencias pueden determinar el control del Congreso.
Una investigación publicada por Axios identificó al menos 43 candidaturas que han recibido respaldo de los llamados super PAC, organizaciones autorizadas para realizar grandes gastos de publicidad política sin coordinarse directamente con las campañas. Lo que ha despertado sospechas es que algunos de estos grupos mantienen vínculos con sectores republicanos o demócratas, aunque destinan sus recursos a promover personas que no pertenecen a los principales partidos y cuya participación podría modificar los resultados.
El fenómeno ha cobrado especial relevancia en estados donde las encuestas anticipan competencias cerradas. En Ohio, por ejemplo, la organización Buckeye Freedom PAC ha destinado más de 3.8 millones de dólares a publicidad favorable al libertario William Redpath y contraria al senador republicano Jon Husted. En la misma entidad, otro grupo ha invertido alrededor de 2.6 millones de dólares para promover al independiente Greg Levy, quien incluso ha rechazado públicamente ese respaldo, lo que demuestra que estas organizaciones pueden intervenir en una contienda sin que los candidatos soliciten su apoyo.
Otro caso que ha llamado la atención ocurre en Alaska, donde dos aspirantes al Senado comparten nombres muy similares. Mientras el republicano Dan S. Sullivan busca la reelección, Daniel J. Sullivan, un profesor jubilado, también aparece en la competencia, situación que ha provocado denuncias sobre una posible confusión entre los electores. El Departamento de Justicia llevó el caso ante los tribunales, pero el domingo 1 de noviembre una jueza federal rechazó la petición presentada, al considerar que no existía una alternativa viable para identificar y separar los votos sin comprometer el secreto del sufragio.
La participación de candidatos minoritarios no constituye por sí misma una irregularidad, pues forma parte del sistema electoral estadounidense. Sin embargo, el origen del financiamiento y las posibles intenciones de algunas organizaciones han generado cuestionamientos sobre la transparencia de estas campañas. Según la investigación periodística, más de la mitad de los 43 aspirantes identificados no habían presentado documentación financiera ante la Comisión Federal Electoral, aunque esa circunstancia tampoco demuestra automáticamente que exista una violación a la ley.
Estas controversias aparecen en un ambiente de desconfianza hacia las instituciones estadounidenses. Una encuesta de Gallup publicada en septiembre encontró que el 89 por ciento de los ciudadanos considera que la corrupción está ampliamente extendida en su gobierno, el nivel más alto registrado por esa medición en dos décadas. La percepción se presenta entre simpatizantes de los dos principales partidos y votantes independientes, lo que refleja un problema que va más allá de las diferencias políticas entre republicanos y demócratas.
Al mismo tiempo, la campaña electoral continúa marcada por las preocupaciones económicas de la población, principalmente el costo de la vida, los servicios médicos y los precios de los combustibles. En medio de estos asuntos, el financiamiento de candidaturas externas ha añadido otro elemento de incertidumbre, particularmente en aquellos distritos y estados donde una pequeña cantidad de votos puede decidir quién obtiene la representación legislativa.
Las elecciones se celebrarán este martes y determinarán la nueva integración de la Cámara de Representantes y del Senado. Aunque todavía no es posible establecer cuánto influirán estas candidaturas en los resultados, las inversiones millonarias que han recibido han abierto una discusión sobre los mecanismos de financiamiento político, la transparencia electoral y las estrategias que pueden utilizarse para modificar la distribución de los votos en Estados Unidos.
Agencias
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