Asunción, Paraguay.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves 5 de noviembre su renuncia al cargo, en medio de una crisis financiera que dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas bancarias. Sin embargo, su salida no se concretó debido a que el Congreso no logró completar el procedimiento para aceptar la dimisión y continuó adelante con un juicio político en su contra.
El conflicto comenzó con la intervención de Ueno Bank, una institución financiera que presentó graves problemas de solvencia y que administraba depósitos de particulares y recursos de organismos públicos. La medida provocó el bloqueo de cuentas, protestas de ahorradores y cuestionamientos sobre la vigilancia de las autoridades financieras.
La situación también alcanzó al mandatario debido a sus anteriores vínculos empresariales con el grupo relacionado con el banco. Legisladores de la oposición lo señalaron por posibles conflictos de intereses y presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, acusaciones que deberán ser investigadas y no representan responsabilidades comprobadas.
Ante la presión política y la pérdida de respaldo dentro del Partido Colorado, Peña difundió un mensaje en el que comunicó su decisión de dejar la Presidencia. “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República”, expresó, al asegurar que buscaba preservar la estabilidad del país.
Pero el anuncio no detuvo el proceso legislativo. La Cámara de Diputados aprobó con 78 votos a favor la acusación para someterlo a juicio político, mientras que el Senado quedó a cargo de continuar el procedimiento. Durante una sesión posterior para tratar su renuncia, la salida de varios legisladores dejó al Congreso sin el número necesario de participantes para resolverla.
Uno de los puntos de discusión es la situación jurídica en la que quedaría Peña si el Congreso aceptara su renuncia. Algunos legisladores consideran que una salida voluntaria podría permitirle conservar determinadas protecciones como senador vitalicio, por lo que han insistido en que primero debe resolverse el juicio político.
Por su parte, la Cámara de Diputados rechazó iniciar un procedimiento similar contra el vicepresidente Pedro Alliana, quien sería el encargado de asumir el gobierno una vez que se formalice la salida de Peña.
Hasta la noche de este jueves, Peña permanecía formalmente en la Presidencia y anunció que comparecerá para ejercer su derecho a la defensa. Mientras tanto, las autoridades financieras enfrentan la tarea de devolver los depósitos a los clientes afectados y esclarecer las posibles irregularidades que llevaron al cierre del banco.
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