Ciudad de México. El gobierno de México rechazó la decisión “unilateral” de Perú de romper relaciones diplomáticas y consideró que se trata de una determinación “excesiva y desproporcionada”.
Subrayó que el otorgar asilo a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez Chino —motivo del rompimiento decretado por las autoridades de la nación andina— representa un “acto legitimo y apegado a derecho internacional, el cual en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú”.
Esta noche, más de seis horas después del anuncio hecho por el gobierno del presidente interino José Jerí, la administración de la presidenta Claudia Sheimbaum Pardo fijo una posición oficial.
En un comunicado difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno mexicano confirmó que otorgó asilo diplomático a la ex primera ministra peruana —quien ocupó el cargo durante el gobierno del depuesto mandatario Pedro Castillo— “en pleno apego al derecho internacional, en particular, a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), de la que tanto México como el Perú son Parte”.
La dependencia remarcó que Chávez Chino ha dado a conocer que ha sido objeto de reiteradas violaciones a sus derechos humanos como parte de una persecución política del Estado peruano desde el momento de su captura en 2023.
En ese sentido, la administración mexicana enfatizó que nuestro país “seguirá fiel a su tradición humanista de defender los derechos humanos y de brindar protección a personas perseguidas por razones políticas”.
Presentó los argumentos para otorgar el asilo diplomático a la ex primera ministra peruana (quien, confirmaron a La Jornada altos funcionarios mexicanos, se refugia en la embajada de México en Lima):
“Conforme a la Convención de Caracas, el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución en contra de solicitantes de asilo es el Estado asilante, México en este caso”.
Agregó que la decisión de proteger a Chávez Chino se tomó al amparo del artículo 11 de la Constitución mexicana, tras una evaluación minuciosa y en estricta observancia del procedimiento establecido para ello en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como en atención a los principios constitucionales de política exterior, el humanismo mexicano y la vocación del país en materia de asilo y refugio.
“México reafirma, como ha sido reconocido por la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas, que el otorgamiento de asilo no puede ser considerado un acto inamistoso por ningún otro Estado”.
Puntualizó que siempre privilegiará el diálogo y la solución amistosa de controversias; y reitero que existen históricos lazos de amistad que unen a los pueblos de México y el Perú.
Perú es el segundo país de América Latina con el que se rompen relaciones diplomáticas. México lo hizo con Ecuador luego del asalto a su embajada en Quito el 6 de abril de 2024.
Con el anuncio hecho el lunes, se dio un nuevo episodio en las tensiones diplomáticas que México y Perú —socios comerciales en la Alianza del Pacífico, de la que también forman parre Chile y Colombia—, que iniciaron desde el apoyo que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador brindó al depuesto mandatario peruano, quien está detenido desde el 7 de diciembre de 2022.
Aquel día, Castillo intentó disolver el Congreso de la nación andina ante la inestabilidad política que enfrentaba y que ponía en riesgo su mandato. Tras la fallida intentona, el ex líder peruano solicitó asilo a México, pero fue aprehendido cuando se dirigía a la sede diplomática de nuestro país en Perú.
López Obrador consideró entonces que Castillo —de corte progresista— fue víctima de un “golpe blando” al ser destituido por el Congreso y apresado.
El ex mandatario mexicano le ratificó su apoyo y su gobierno apoyó a su familia para salir de aquel país y recibirlos en México, donde tiene protección diplomática.
A raíz de esa postura, el régimen de la autoproclamada presidenta Dina Boluarte —recientemente destituida— expulsó al entonces embajador de México en Perú, Pablo Monroy, a quien declaró “persona non grata”. El diplomático regresó a territorio mexicano junto a la esposa y los hijos de Castillo a finales de diciembre de 2022.
La presidenta Sheinbaum Pardo ha mantenido la posición de su antecesor y el apoyo al ex presidente peruano, a su familia y a sus ex colaboradores.
La Jornada
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