Chihuahua, Chih.– A fin de garantizar el acceso pleno a la justicia y la participación democrática de estos sectores históricamente marginados, el asesor del Congreso del Estado de Chihuahua, José Edgardo Mota Lara, propuso la creación de un nuevo medio de impugnación electoral especializado en comunidades y pueblos indígenas.
Durante su intervención en el foro sobre la reforma electoral, Mota Lara, quien se presentó como indígena zapoteca, destacó la importancia de que los pueblos originarios tengan voz y participación en la vida pública y democrática del país. “En Chihuahua, como en todo México, existen comunidades indígenas que forman parte de la vida social y electoral, pero enfrentan numerosos obstáculos para ejercer plenamente sus derechos”, señaló.
Explicó que la actual Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral no considera las particularidades culturales, lingüísticas ni organizativas de los pueblos indígenas, lo que provoca que muchas de sus demandas sean desechadas por no ajustarse a los formatos o al lenguaje jurídico convencional.
Por ello, propuso la creación del “juicio ciudadano especializado en comunidades indígenas”, un mecanismo con reglas propias que reconozca la diversidad lingüística y cultural. Este juicio permitiría que las quejas se presenten de manera escrita, oral o incluso mediante audio o video en la lengua materna del promovente, sin necesidad obligatoria de contar con un abogado.
El asesor planteó que los tribunales y autoridades electorales estén obligados a interpretar el fondo del mensaje y, en caso de duda, realizar audiencias con intérpretes, autoridades comunitarias o expertos en derecho indígena. Además, subrayó que la falta de reconocimiento oficial de una comunidad no debería ser motivo para desechar una demanda. “El derecho a la justicia no puede depender de un registro en papel. Las comunidades existen y tienen derechos, los tengan reconocidos o no”, afirmó.
Mota Lara propuso también que las sentencias se redacten en lenguaje claro y, de ser posible, se traduzcan a la lengua de la comunidad, incorporando los principios de los sistemas de usos y costumbres siempre que no vulneren derechos humanos. En caso de que estos sean violados, los tribunales deberían establecer medidas de reparación en coordinación con el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Destacó que su propuesta busca que la justicia electoral sea verdaderamente accesible y respetuosa de la diversidad cultural. “No se trata solo de cambiar una ley, sino de dar un paso hacia el respeto real de los derechos humanos y de los pueblos originarios”, finalizó.
Hola, déjenos un comentario