Chihuahua, Chih.– La magistrada del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, Roxana García Moreno, destacó la necesidad de perfeccionar los procesos de elección judicial en México, a partir de las áreas de mejora detectadas durante la reciente renovación de magistraturas y judicaturas en el estado. Señaló que, aunque Chihuahua fue pionero en la implementación de esta reforma, es indispensable fortalecer los criterios técnicos, jurídicos y de transparencia antes del proceso federal de 2027.
“El primero de junio se llevó a cabo el proceso extraordinario para la elección del Poder Judicial de México. En Chihuahua renovamos 35 magistraturas y 270 judicaturas, siendo pioneros en esta reforma. Sin embargo, hay áreas perfectibles que deben atenderse”, indicó.
Entre las principales observaciones, García Moreno mencionó la falta de un examen de oposición que evalúe de manera objetiva las capacidades técnicas de los aspirantes, lo que impide asegurar criterios de mérito y competencia. También subrayó la omisión de plazos de impugnación en las convocatorias, lo que ocasionó que varias inconformidades fueran desechadas al considerarse irreparables.
“Delegar la implementación de requisitos a comités temporales generó inconsistencias y falta de control, pues al desaparecer estos comités no hay responsabilidad posterior. Además, en el caso de los jueces, no se exigió experiencia jurisdiccional previa, lo cual representa un riesgo, ya que son el primer contacto de la ciudadanía con la justicia”, advirtió.
La magistrada también cuestionó el requisito de mantener un promedio mínimo alto —entre ocho y nueve— al considerar que genera desigualdades derivadas de las diferencias en la calidad educativa y los métodos de evaluación. “No se valora la actualización profesional ni el principio de progresividad del conocimiento”, sostuvo.
Asimismo, señaló la ausencia de una definición uniforme sobre las materias consideradas afines, lo que provoca inconsistencias entre comités evaluadores. Por ello, propuso que los requisitos de elegibilidad sean evaluados por los institutos electorales y por el Instituto Nacional Electoral (INE), organismos con experiencia técnica en la organización de procesos constitucionales.
García Moreno también identificó deficiencias en la representación de candidaturas judiciales, que enfrentaron restricciones para tener representantes en casillas o acceder a los cómputos electorales. “La falta de representación generó un vacío probatorio que debilitó la posibilidad de impugnar y afectó los principios de certeza y seguridad jurídica”, explicó.
Otro de los retos fue el calendario de resultados. Señaló que los órganos administrativos determinaron sus propios plazos, lo que provocó que el Tribunal Estatal Electoral recibiera impugnaciones hasta un mes después de la jornada electoral, reduciendo drásticamente el tiempo para resolver más de 200 casos.
Respecto al proceso electoral de 2027, advirtió que la coincidencia de elecciones federales, locales y judiciales representará un desafío operativo y logístico. “El gran reto será ejecutar de manera conjunta elecciones de diputaciones, ayuntamientos, gobernaturas y magistraturas judiciales, garantizando los principios rectores de legalidad, transparencia e imparcialidad”, puntualizó.
Entre los desafíos más relevantes mencionó la distribución de boletas, el cómputo oportuno, la separación entre elecciones partidistas y judiciales, y la resolución eficiente de impugnaciones.
“Promover una cultura de evaluaciones objetivas, participación equitativa e informada y transparencia es crucial, no solo para fortalecer al Poder Judicial, sino para construir una relación de confianza con la sociedad. Solo así se garantizará un equilibrio entre la participación ciudadana y la independencia judicial”, concluyó.
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