Chihuahua, Chih.- La diputada de Morena Herminia Gómez presentó este jueves una iniciativa que busca reformar la Ley de Derechos de las Personas Mayores en el estado, para establecer como obligación de los servicios de salud la realización de Evaluaciones Geriátricas Integrales (EGI) anuales y prioritarias para todas las personas mayores de 60 años, garantizando así el acceso pleno y de calidad a la salud, independientemente de la afiliación a cualquier sistema de seguridad social.
Explicó que la vejez debe ser una etapa con acceso garantizado a servicios de salud oportunos e integrales, pero a veces aunque las personas mayores son un pilar fundamental de la sociedad y han contribuido significativamente a su desarrollo, frecuentemente enfrentan marginación y una protección insuficiente de sus derechos, especialmente el de la salud.
Para asegurar una vida digna y plena, es imperativo que el Estado implemente medidas que respondan a las necesidades específicas de este grupo poblacional bajo los principios de universalidad e igualdad, agregó.
Explicó que en Chihuahua, actualmente hay más de 484 mil 000 personas de 60 años o más, lo que representa más del 12% de la población total, mientras que cifras nacionales indican que un alto porcentaje de las personas mayores han reportado que se les negó injustificadamente atención médica, lo que "subraya la urgencia de adoptar políticas que garanticen una vejez saludable, activa y digna, asegurando el acceso a servicios con un enfoque preventivo para preservar su autonomía".
La piedra angular de la iniciativa es la Evaluación Geriátrica Integral (EGI), un procedimiento diagnóstico que va más allá de la consulta médica tradicional, que es multidimensional y aborda el estado de salud física, la salud mental (como la detección de depresión o deterioro cognitivo), la condición social y las capacidades funcionales de la persona mayor.
"Su objetivo no es solo diagnosticar enfermedades, sino crear un plan de atención personalizado que promueva la autonomía, prevenga la discapacidad y fortalezca la calidad de vida a través de intervenciones médicas, orientación física y psicológica", agregó.
La propuesta de ley se alinea con el Derecho a la Protección de la Salud consagrado en el Artículo 4 de la Constitución Mexicana y con diversos lineamientos internacionales, incluyendo la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y al exigir la EGI anual y universal, la reforma materializa estos principios en una política pública concreta.
Además, se espera que su implementación fomente la coordinación entre la Secretaría de Salud, universidades y otras instituciones, creando un modelo colaborativo que responda al imperativo ético y social de proteger a quienes han contribuido al desarrollo de la entidad.
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