Chihuahua, Chih.– La magistrada del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, Alicia Jiménez Carrasco, presentó una propuesta ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral con el objetivo de fortalecer la justicia electoral mexicana en el contexto de la transformación tecnológica y la digitalización de la vida pública.
“La justicia electoral enfrenta el reto de preservar su legitimidad, independencia y eficacia en una era de inminente transformación tecnológica. La digitalización ha cambiado las formas de participación ciudadana, de comunicación política y de acceso a la información”, señaló Jiménez Carrasco.
Convencida de que la próxima reforma electoral debe incorporar mecanismos tecnológicos que garanticen transparencia y confianza ciudadana, la magistrada propuso un proceso de modernización basado en tres ejes fundamentales: innovación con responsabilidad, transformación de la justicia electoral y ética, transparencia y confianza en la era digital.
En el primer eje, “innovación con responsabilidad”, planteó impulsar un modelo de justicia electoral digital que asegure accesibilidad, rapidez y transparencia en la resolución de controversias. Para ello, propuso incorporar el principio de innovación tecnológica en la justicia electoral dentro del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implementar un sistema nacional de interconexión jurisdiccional que permita compartir precedentes entre autoridades locales y federales, y regular de forma homogénea la validez del expediente judicial electrónico.
En cuanto al segundo eje, “transformación de la justicia electoral”, Jiménez Carrasco destacó la necesidad de construir un modelo más abierto y participativo. “La sociedad actual reclama un cambio en la impartición de justicia. Debemos fortalecer la cultura democrática y la confianza social en las autoridades jurisdiccionales”, afirmó. En este sentido, propuso reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral para incluir las obligaciones derivadas de la transformación digital. También sugirió la certificación en materia de tribunales abiertos y la incorporación de mecanismos de participación ciudadana digital, como consultas y encuestas.
El tercer eje, centrado en la ética, la transparencia y la confianza, aborda el uso responsable de las tecnologías en la justicia electoral. “Debe guiarse por principios de ética judicial, protección de datos y responsabilidad algorítmica”, enfatizó la magistrada. Entre sus propuestas normativas, planteó establecer en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación la obligación de contar con un código de ética digital en la justicia electoral y replicarlo en los tribunales locales, regulando el uso de inteligencia artificial y sistemas automatizados bajo supervisión humana.
Jiménez Carrasco subrayó que “la innovación tecnológica no debe sustituir el juicio humano, sino potenciarlo”. Enfatizó que la justicia electoral del siglo XXI debe ser “abierta, ética y participativa, capaz de responder a los desafíos digitales con responsabilidad institucional”.
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