Washington. El intento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de revitalizar la manufactura estadunidense mediante la inversión extranjera se ha topado de frente con otra de sus prioridades: tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal.
Apenas una semana después de que las autoridades de inmigración allanaran una planta de baterías de Hyundai en el estado de Georgia, detuvieran a más de 300 trabajadores surcoreanos y mostraran videos de algunos de ellos encadenados, el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, advirtió que las otras empresas del país podrían mostrarse reacias a aceptar la invitación de Trump para invertir dinero en Estados Unidos.
Si Estados Unidos no puede emitir rápidamente visas para los técnicos y otros trabajadores calificados necesarios para poner en marcha las plantas, entonces “establecer una fábrica local en Estados Unidos conllevará severas desventajas o se volverá muy difícil para nuestras empresas”, dijo Lee el jueves. “Se preguntarán si siquiera deberían hacerlo”.
La redada y la subsecuente crisis diplomática muestran cómo los objetivos de Estados Unidos de realizar deportaciones masivas están chocando con su pretensión de atraer dinero del extranjero para impulsar la economía estadunidense y crear más empleos.
Medidas como las redadas de inmigración en el lugar de trabajo y las restricciones de visas podrían alejar a aliados que habían prometido invertir cientos de miles de millones de dólares en Estados Unidos para evitar altos aranceles.
La agenda económica de Trump se basa en utilizar fuertes aranceles a las importaciones, incluido un gravamen de 15 por ciento sobre los productos surcoreanos, para forzar el regreso de la manufactura a Estados Unidos.
Ha dicho repetidamente que las empresas extranjeras pueden evitar los aranceles si producen en Estados Unidos. Corea del Sur, un importante inversor, se comprometió a invertir 350 mil millones de dólares en Estados Unidos cuando ambas partes anunciaron un acuerdo comercial en julio.
AP
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