Chihuahua.– Desde apoyo para reparación de refrigeradores y mantenimiento de elevadores en el domicilio particular, hasta servicios de Ticketmaster y Ocesa, asando por niñeras, telefonía, boletos y cortesías, traslado y atención médica a familiares directos e indirectos, son algunos de los apoyos y servicios que anteriormente se otorgaban a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así lo reveló este miércoles el diputado coordinador del grupo parlamentario de Morena Cuauhtémoc Estrada, quien señaló que muchos de estos rubros son relacionados con gastos personales, gestiones privadas y atenciones que no guardaban relación directa con sus funciones jurisdiccionales.
De acuerdo con la información, en el área de atención a ministras y ministros se han cancelado 59 apoyos de un total de 149 que existían, que incluían también desde la contratación de servicios básicos en domicilios particulares, como agua, energía eléctrica, telefonía, televisión e internet, hasta la compra de boletos de avión, reservaciones de hospedaje y gestión de eventos sociales.
Entre los apoyos eliminados se encontraban también la compra de alimentos a domicilio, mantenimiento de jardines, reparación de electrodomésticos, servicio de valet parking, pago de cuentas bancarias y departamentales, así como traslados personales, de familiares y amistades. Incluso se contemplaban gestiones como conseguir boletos para espectáculos, accesos preferenciales a eventos, autógrafos de celebridades, compra de regalos, flores y coronas fúnebres.
El listado da cuenta además de servicios más delicados, como apoyo hospitalario para familiares no directos, obtención de medicamentos controlados, recuperación de objetos retenidos en aduanas, trámites migratorios, verificación vehicular de personal de las ponencias y asignación de personal para labores domésticas, cuidado de menores o guardias en domicilios particulares.
También figuraban préstamos de vehículos oficiales, mudanzas, traslados urgentes recurrentes, pago de colegiaturas, inscripción en escuelas, obtención de becas y contratación de servicios especializados, así como gestiones ante instituciones bancarias y empresas privadas.
El documento señala que actualmente se mantiene diálogo para eliminar los 90 trámites restantes, como parte de un proceso de reordenamiento administrativo y de eliminación de privilegios, con el objetivo de acotar el uso de recursos públicos únicamente a actividades estrictamente vinculadas con las funciones constitucionales de la Suprema Corte.
Por ello, Estrada cuestionó los dichos del presidente del Congreso Guillermo Ramírez, de que "no hemos visto austeridad republicana en la Corte", y consideró viable que o se regresen las camionetas blindadas adquiridas o bien, se destinen a jueces que llevan asuntos de delincuencia organizada.
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