Chihuahua, Chih.– Aunque un juez de control en Coahuila consideró que existían elementos para vincular a proceso a una mujer identificada como Stella N por el delito de violencia vicaria, la Secretaría de las Mujeres sostuvo que la determinación se basó en una interpretación equivocada de la ley y adelantó que impulsará acciones para que la resolución sea revisada y, en su caso, corregida.
La dependencia federal señaló que el tipo penal fue aplicado de manera incorrecta, ya que, conforme al marco jurídico vigente, la violencia vicaria se configura cuando se ejerce violencia contra mujeres a través de terceras personas, como hijas, hijos u otros familiares, con la finalidad de causarles daño. En ese sentido, advirtió que no corresponde utilizar esta figura legal para procesar a una mujer bajo ese supuesto.
Esto, a pesar de que Stella N fue vinculada a proceso por violencia familiar en su modalidad de violencia vicaria al presentar la Fiscalía del Estado datos de prueba relacionados con un conflicto familiar en el que –según la acusación– sus hijos fueron utilizados como medio para causar daño emocional al padre, Jhonny Robles; quien incluso relató los supuestos hechos cometidos por la mujer.
La titular de la Secretaría de las Mujeres Citlalli Hernández Mora, informó que se buscará un acercamiento con las autoridades de Coahuila, tanto con la Fiscalía estatal como con el Tribunal local, para exponer los argumentos jurídicos que sustentan la postura de la dependencia y solicitar que se revise la resolución dictada por el juez.
Asimismo, anunció que se promoverá el diálogo con los congresos locales para homologar la definición del delito de violencia vicaria en las legislaciones de las entidades federativas, con el objetivo de evitar interpretaciones dispares que deriven en procesos judiciales que contravengan los principios constitucionales.
La funcionaria recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios que delimitan el alcance de la violencia vicaria, y subrayó que existen otros tipos penales para atender y sancionar la violencia familiar en general, sin necesidad de forzar la aplicación de una figura jurídica que tiene un propósito específico.
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