La empresa canadiense Vizsla Silver anunció la suspensión temporal de actividades en la mina y sus alrededores, ubicada en Concordia, Sinaloa, tras la desaparición de 10 trabajadores, entre ellos ingenieros y personal de seguridad, el 23 de enero. Asimismo, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que abrió una carpeta de investigación por la privación ilegal de la libertad de 10 personas.
En un comunicado, la compañía confirmó que se desconoce el paradero de los operarios secuestrados en el sitio del proyecto; además, el “incidente se encuentra actualmente bajo investigación”; aunque “la información disponible es limitada”.
Destacó que las autoridades correspondientes ya están notificadas y “los equipos de gestión de crisis y respuesta de seguridad de la empresa trabajan activamente, pues la prioridad inmediata es la seguridad y bienestar de las personas involucradas”.
Añadió que “como medida de precaución se han suspendido temporalmente ciertas actividades en el sitio y sus alrededores”.
En tanto, la FGE informó que derivado del reporte recibido el 24 de enero a través del número de emergencias 911, realizada por la apoderada legal de una empresa minera, ubicada en el municipio de Concordia, se activaron de manera inmediata los protocolos y acciones institucionales.
Aclaró que se abrió una carpeta de investigación por la desaparición de 10 personas y quedó integrada por el delito de desaparición cometida por particulares.
Desde el primer momento, dijo, mantiene coordinación interinstitucional con autoridades estatales y federales, incluidas la Comisión Estatal de Búsqueda y la Secretaria de la Defensa Nacional para dar con el paradero de los ausentes.
Reveló que como parte de éstas acciones, el 27 de enero se realizó una diligencia de cateo, debidamente autorizada por la autoridad judicial competente.
Al respecto, la FGE de Sonora dijo, en esa entidad, que colabora con su homóloga de Sinaloa en las indagatorias para dar con el paradero del personal desaparecido.
No obstante, el fiscal general, Gustavo Rómulo Salas Chávez, aclaró que no se revelará la cifra exacta de personas afectadas para no entorpecer el desarrollo de las investigaciones en curso y que la investigación principal la realizan en el estado vecino.
“Desde ayer (miércoles) nos comunicamos con nuestros homólogos de Sinaloa, quienes desde un inicio han estado atendiendo el tema desde el más alto nivel. Ellos llevan la investigación y las acciones encaminadas a la localización y recuperación en las mejores condiciones físicas de las personas que tenemos conocimiento están privadas de su libertad”, declaró el fiscal.
Salas Chávez sostuvo que en Sonora solo hay una denuncia formal presentada por un familiar de los ausentes, la cual fue turnada a la fiscalía sinaloense para que se integre a la investigación principal.
Anteriormente se reportó que siete personas privadas de su libertad son originarias de Sonora, entre ellos hay ingenieros y personal de seguridad.
El acto delictivo generó preocupación entre sus familiares, quienes denunciaron que un grupo armado presuntamente ingresó al sitio donde se alojaban los empleados y se los llevaron, sin que hasta ahora exista comunicación, exigencias o señales sobre su paradero.
LA JORNADA

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