Ciudad de México.- El diputado federal y presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Chihuahua Alejandro Domínguez, advirtió sobre el crecimiento alarmante del delito de extorsión en México y exigió que la Ley General en materia de extorsión, actualmente en discusión en el Congreso de la Unión, sea un instrumento real, operativo y eficaz, no solo un ejercicio de voluntad política.
Durante la discusión de la reforma constitucional que sienta las bases para dicha ley, Domínguez señaló que la extorsión dejó de ser un delito aislado para convertirse en un fenómeno estructural, que afecta a millones de mexicanos, destruye pequeñas empresas, corrompe instituciones y amenaza la seguridad en municipios de todo el país.
“No podemos permitir que el miedo marque el destino de nuestras familias. La extorsión es hoy un cáncer que corroe a la sociedad y no se resolverá con discursos. Necesitamos una Ley General con dientes, con presupuesto y con visión de Estado”, expresó el legislador priista.
De acuerdo con cifras recientes, la extorsión ha alcanzado su nivel más alto desde que hay registro el 97% de los casos no se denuncian, y cada año miles de pequeños negocios se ven obligados a cerrar debido al cobro del llamado “derecho de piso”.
Domínguez afirmó que el PRI impulsará que esta reforma sea el punto de partida para una auténtica política de Estado contra la extorsión, con un enfoque central en las víctimas y la sociedad mexicana. Entre las principales propuestas, destacó que la futura Ley General contra la Extorsión debe incluir al menos cinco pilares:
1. Protocolos nacionales de investigación, coordinada entre autoridades de todos los niveles.
2. Registro Nacional de Extorsión, que permita dimensionar el problema.
3. Unidades especializadas con recursos suficientes para capacitación y supervisión.
4. Protección inmediata a las víctimas.
5. Rendición de cuentas y sanciones a autoridades omisas.
Asimismo, el legislador subrayó que la ley debe reconocer el impacto económico y territorial** de la extorsión y garantizar la participación de los municipios en el diseño de soluciones.
“Exigimos que la Ley General en materia de extorsión no sea un documento genérico, sino un instrumento eficaz que establezca estándares mínimos obligatorios para todos los estados, evitando que algunos se conviertan en refugios para la delincuencia. No puede haber estados de primera y de segunda en la protección de los derechos de las y los mexicanos”, señaló Domínguez.
Finalmente, enfatizó que el combate a la extorsión requiere instituciones sólidas, confiables y capaces de proteger a las víctimas y sancionar a los responsables.
“Mientras la extorsión siga marcando la vida de millones, no podemos hablar de justicia ni de desarrollo. Esta no es solo una obligación legal, sino una responsabilidad moral con México y con nuestro estado”, concluyó.
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