Chihuahua, Chih.- El coordinador de Tejiendo Redes Infancia, Juan Martín Pérez García, consideró que el ataque ocurrido en una secundaria de Torreón debe investigarse a fondo, pero advirtió que el caso no puede utilizarse por sí solo para afirmar que existe un aumento de la violencia entre adolescentes.
Pérez García señaló como primer punto que las dos personas detenidas por el ataque tienen 18 años y son exalumnos del plantel, por lo que jurídicamente son adultos. Autoridades de Coahuila confirmaron que ambos probables responsables tienen esa edad.
Por ello, sostuvo que presentar el hecho como ejemplo de “violencia adolescente” puede generar una lectura equivocada. “Un hecho extremo merece investigación profunda, no generalizaciones extremas”, señaló.
El representante de Tejiendo Redes Infancia explicó que un caso de gran impacto tampoco basta para demostrar una tendencia. Para establecer si realmente aumentaron determinadas conductas entre adolescentes, dijo, tendrían que compararse datos de varios años, tasas respecto a la población, regiones, denuncias, investigaciones, procesos y sentencias.
Recordó que el INEGI cuenta con las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL), cuya serie integrada disponible comprende de 2017 a 2023 y reúne información sobre quienes ingresan al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Pérez García también pidió separar la gravedad de lo ocurrido de las propuestas para endurecer las penas. Indicó que exigir investigación y justicia para las víctimas no significa que aumentar sanciones sea automáticamente una medida eficaz para evitar nuevos ataques.
Señaló además que México ya cuenta con un sistema especializado para adolescentes que contempla distintas medidas y permite el internamiento en determinados delitos graves para mayores de 14 años, bajo condiciones específicas y como una medida extrema.
Sobre propuestas como revisar mochilas, colocar detectores o aumentar la presencia policial en escuelas, afirmó que deben analizarse por separado y con evidencia sobre su efectividad. A su consideración, la pregunta no debería limitarse a qué nuevo control implementar, sino también revisar “qué mecanismos ya existían, qué falló en ellos y qué alternativas preventivas se evaluaron”.
El coordinador advirtió además sobre el riesgo de trasladar la responsabilidad de personas concretas a toda una generación. En este caso, insistió, quienes son investigados son adultos de 18 años, mientras entre las personas afectadas había estudiantes adolescentes.
Pérez García señaló que la atención debe mantenerse en esclarecer el ataque, brindar protección a la comunidad escolar, atender a las víctimas y determinar posibles omisiones institucionales, sin convertir el hecho en una generalización sobre niñas, niños y adolescentes.
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