Morena terminó este lunes de acomodar las últimas piezas de su tablero rumbo a las elecciones de 2027. Siete estados que permanecían pendientes conocieron finalmente a quienes encabezarán la llamada Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional: San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua.
La jornada dejó ganadores, pero también preguntas. Hubo encuestas, ajustes de paridad, consensos, aspirantes inconformes y decisiones que obligan a revisar el pasado de algunos de los elegidos.
Uno de los casos que más llama la atención es Nuevo León.
Morena decidió volver a colocar a Clara Luz Flores Carrales al frente de su proyecto estatal, cinco años después de una campaña que terminó muy lejos de la gubernatura. En 2021 obtuvo alrededor del 14 por ciento de los votos y terminó en cuarto lugar.
Pero aquella derrota no se recuerda solamente por el resultado electoral. Durante la campaña, Flores negó haber conocido personalmente a Keith Raniere, fundador de NXIVM. Después apareció un video de más de una hora en el que ambos conversaban. Raniere había sido condenado en Estados Unidos por delitos que incluyeron tráfico sexual y crimen organizado.
Flores reconoció entonces que había cometido un error al negar el encuentro.
Cinco años después, Morena vuelve a apostar por ella.
La pregunta política resulta inevitable: ¿qué cambió entre aquella candidata que terminó cuarta en 2021 y la dirigente que Morena considera ahora capaz de encabezar nuevamente su proyecto en Nuevo León?
No significa que el resultado tenga que repetirse. Pero sí significa que Morena decidió asumir nuevamente un antecedente que ya tuvo un costo político y electoral, aun así se trate del resultado de las encuestas, que como se vio ayer podían simplemente acomodarse.
San Luis Potosí ofrece una contradicción diferente.
Elí César Cervantes Rojas terminó como coordinador pese a que ni siquiera se había registrado originalmente en el proceso. La propia dirigencia explicó que su designación surgió de un consenso después del proceso interno. Ariadna Montiel lo describió como una propuesta acordada por la militancia.
Es decir, se organizaron registros y un procedimiento interno para terminar escogiendo a alguien que inicialmente no estaba participando.
Eso no convierte automáticamente la decisión en irregular, pero sí permite preguntar cuánto pesan realmente las encuestas cuando una dirigencia puede terminar recurriendo al consenso para seleccionar a una persona distinta.
Cervantes, por cierto, estrenó la coordinación hablando contra el nepotismo, el clientelismo y “la clase política que hace negocios al amparo del poder”. El mensaje tiene un destinatario político evidente en un estado donde Morena decidió competir separado del Partido Verde, que ha respaldado a Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo.
Tlaxcala tampoco terminó precisamente con una fotografía completa de unidad.
Ana Lilia Rivera Rivera obtuvo la coordinación, pero Alfonso Sánchez García, uno de sus principales competidores, abandonó el lugar antes de la presentación. Algunos medios interpretaron su salida como una expresión de inconformidad con los resultados; hasta ese momento, su equipo no había fijado públicamente una postura que confirmara esa interpretación.
Rivera pareció responder al ambiente con una frase: “Aquí nadie sobra y a nadie se excluye”.
Cuando una ganadora necesita comenzar llamando a que nadie se sienta excluido, la unidad se convierte desde el primer día en uno de los retos políticos de la coordinación.
Nayarit dejó otra peculiaridad.
Héctor Santana ganó la encuesta interna, pero no obtuvo la coordinación. Por el ajuste de paridad, el espacio correspondió a Jasmine María Bugarín Rodríguez, senadora con licencia del Partido Verde y la mujer mejor posicionada. El propio Santana aceptó públicamente el resultado y expresó respeto por la decisión.
Aquí conviene hacer una distinción: la aplicación de una regla de paridad previamente establecida no significa desconocer una encuesta. Pero el episodio demuestra que ganar el sondeo no necesariamente significa obtener la coordinación.
Además, sobre Bugarín han circulado publicaciones que cuestionan su patrimonio y manejan cifras millonarias. Esos señalamientos existen en medios, pero mientras no estén plenamente respaldados por declaraciones patrimoniales, resoluciones de autoridad o documentación pública suficiente, deben permanecer exactamente donde están: en el terreno de los señalamientos, no de los hechos acreditados.
Sonora fue menos estridente, pero tampoco estuvo libre de competencia.
Lorenia Valles Sampedro obtuvo la coordinación después de un proceso en el que Javier Lamarque Cano aparecía como uno de los principales aspirantes. Morena reportó a Valles como ganadora de su proceso interno y el Comité Ejecutivo Estatal cerró filas públicamente con ella.
Valles pertenece al grupo político cercano al gobernador Alfonso Durazo, quien además preside el Consejo Nacional de Morena. Esa cercanía no demuestra por sí misma intervención alguna en el proceso, pero inevitablemente formará parte de la lectura política de su designación.
En Baja California Sur, Morena terminó colocando a Manuel Alejandro Cota Cárdenas, diputado electo bajo las siglas del Partido Verde e hijo del exgobernador Leonel Cota Montaño.
Su nombramiento estuvo acompañado por ausencias de otros aspirantes y por versiones periodísticas sobre tensiones durante las horas previas a la presentación. Entre quienes no estuvieron al momento del anuncio destacó la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga.
La paradoja es interesante: meses antes, el propio Manuel Cota había advertido que denunciaría ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las presuntas irregularidades que detectara dentro del proceso interno de Morena.
Al final, fue él quien salió con la coordinación.
Y entonces llegó Chihuahua.
Después de semanas en las que prácticamente toda la atención se concentró en Andrea Chávez Treviño y Cruz Pérez Cuéllar, Morena se decidió por el alcalde con licencia de Ciudad Juárez. Pérez Cuéllar encabezará la coordinación estatal rumbo a 2027.
Su historia política tampoco comenzó en Morena.
Pérez Cuéllar militó durante años en el PAN, partido del que llegó a ser dirigente estatal. Después buscó la gubernatura de Chihuahua por Movimiento Ciudadano en 2016 y posteriormente llegó al Senado bajo las siglas de Morena. Más tarde ganó la presidencia municipal de Ciudad Juárez.
Pero en su expediente político existe un capítulo que seguramente volverá a aparecer durante la contienda.
En 2020, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua solicitó su desafuero cuando era senador, al señalarlo dentro de la investigación conocida como la “nómina secreta” del exgobernador César Duarte. La acusación sostenía que habría recibido 2.5 millones de pesos entre 2013 y 2015. Pérez Cuéllar rechazó los señalamientos y sostuvo que se trataba de una persecución política.
Y aquí resulta indispensable contar también cómo terminó el asunto.
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados determinó que no existían elementos suficientes para acreditar su probable responsabilidad y rechazó retirarle el fuero. El Pleno aprobó posteriormente el dictamen y el expediente quedó archivado como asunto concluido.
También hay otro elemento en Chihuahua: Andrea Chávez llegó a esta definición como una de las figuras nacionales más visibles de Morena y protagonizó durante meses una abierta competencia política con Pérez Cuéllar. Finalmente, la dirigencia se inclinó por el alcalde con licencia.
Ahora vendrá la fotografía de unidad.
Probablemente habrá abrazos, discursos sobre cerrar filas y declaraciones asegurando que en Morena no existen vencedores ni vencidos.
Pero una fotografía difícilmente borra meses de competencia.
Eso quizá sea lo más interesante de lo ocurrido este lunes.
Morena cerró las coordinaciones que tenía pendientes, pero al mismo tiempo abrió nuevas preguntas. En algunos estados eligió al ganador de una encuesta; en otro aplicó la paridad para entregar la coordinación a una persona distinta; en San Luis Potosí recurrió al consenso y terminó escogiendo a alguien que ni siquiera se había registrado inicialmente; en Nuevo León volvió a apostar por una candidata que ya había sufrido una derrota contundente; y en Chihuahua optó por un político que ha pasado por PAN, Movimiento Ciudadano y Morena.
Las designaciones muestran que la ruta hacia 2027 no se explica únicamente con encuestas.
También pesan la paridad, los acuerdos con aliados, las negociaciones internas, las trayectorias políticas y la capacidad de las dirigencias para conseguir que quienes pierden acepten quedarse.
Pero fuera de los salones donde se levantan las manos, se negocian acuerdos y se anuncian coordinadores, hay millones de personas para quienes la elección de 2027 significará algo mucho más concreto.
A ellas poco debería importarles quién ganó una encuesta interna, quién consiguió el respaldo de determinado grupo o quién apareció sonriente en la fotografía de unidad. Lo que finalmente llegará a sus casas será el resultado de las decisiones que tome quien gobierne: la seguridad de la calle por la que regresan de noche, el tiempo que esperan para recibir atención médica, la calidad de la escuela de sus hijos, el agua que sale —o no— de la llave, el empleo que encuentran y el destino de los impuestos que pagan.
Por eso los antecedentes importan.
No para condenar anticipadamente a nadie ni para convertir una acusación en sentencia, sino para que el ciudadano conozca quién pide nuevamente su confianza, qué decisiones tomó antes, qué contradicciones ha tenido, qué señalamientos enfrentó y cómo respondió cuando tuvo poder.
Los partidos tienen derecho a elegir a sus cuadros y establecer sus propios métodos. Pero una candidatura a gobernador no es un premio interno, una compensación entre grupos ni el siguiente escalón natural de una carrera política. Es la posibilidad real de administrar durante seis años la seguridad, el dinero y buena parte del futuro de millones de personas.
Ahí debería comenzar la discusión de 2027.
No solamente en quién ganó la encuesta de Morena, sino en qué han hecho quienes ahora quieren gobernar.
Porque los partidos escogen candidatos.
Pero las consecuencias de escoger bien o escoger mal no las viven los partidos.
Las vive la gente que elige, que vota y que, a veces, no olvida.
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