Nueva York.- Una jueza federal frenó la aplicación de una ley con la que Nueva York pretendía cobrar 75 mil millones de dólares durante 25 años a grandes compañías de petróleo y gas, recursos que serían destinados a enfrentar los efectos del cambio climático y financiar proyectos de adaptación.
La llamada Ley Superfund sobre el Cambio Climático fue promulgada en 2024 y buscaba que empresas con una elevada responsabilidad histórica en las emisiones de gases de efecto invernadero asumieran parte de los costos que actualmente recaen sobre el gobierno y los contribuyentes. El dinero serviría para obras destinadas a proteger a las comunidades ante inundaciones, olas de calor y otros fenómenos relacionados con el clima.
El mecanismo estaba dirigido a compañías de combustibles fósiles responsables de más de mil millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero durante el periodo contemplado por la legislación. El modelo tomaba como referencia el programa federal Superfund, creado en 1980 para hacer responsables a determinadas empresas de los costos asociados con sitios contaminados por residuos peligrosos.
Sin embargo, el 31 de agosto la jueza federal Brenda K. Sannes, del Distrito Norte de Nueva York, determinó que el estado no puede aplicar ese esquema porque entra en conflicto con la Ley de Aire Limpio federal. En su resolución de 63 páginas concluyó que la legislación neoyorquina excedía los límites de las facultades estatales en un terreno donde existe una fuerte competencia federal.
El fallo no determina que las petroleras estén libres de responsabilidad por sus impactos ambientales. Lo que establece es que Nueva York no puede utilizar esta ley estatal para obligarlas a cubrir esos pagos. La resolución también retomó un precedente de 2021, cuando se determinó que la ciudad de Nueva York no podía recurrir a leyes estatales para reclamar a compañías petroleras daños relacionados con el cambio climático.
La legislación enfrentaba varias impugnaciones. En febrero de 2025, fiscales generales de 22 estados, encabezados por Virginia Occidental, presentaron una demanda al considerar que Nueva York pretendía sancionar actividades energéticas realizadas fuera de su territorio. A las acciones legales se sumaron organizaciones empresariales y del sector energético.
La administración de Donald Trump también demandó la medida en mayo de 2025. Posteriormente los casos fueron consolidados y el Departamento de Justicia respaldó a quienes buscaban impedir la aplicación de la legislación.
La decisión deja sin efecto, bajo este mecanismo, el plan de Nueva York para recaudar los 75 mil millones de dólares, pero mantiene abierta una discusión de fondo: quién deberá cubrir los crecientes costos de adaptar ciudades e infraestructura frente al cambio climático y hasta dónde pueden llegar los gobiernos estatales para exigir aportaciones a las compañías relacionadas históricamente con las emisiones.
ExpokNews
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