Chihuahua, Chih.- A casi dos años de la publicación de la Ley de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio del Estado de Chihuahua, su reglamento continúa pendiente, pese a que el plazo establecido para expedirlo venció desde mayo de 2025, señaló la diputada Leticia Ortega Máynez.
En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la legisladora presentó este 10 de septiembre un exhorto dirigido a la gobernadora María Eugenia Campos Galván para solicitar la expedición y publicación del reglamento que permita hacer plenamente operativa la legislación.
Ortega Máynez recordó que la ley fue publicada en noviembre de 2024 y otorgó al Poder Ejecutivo un plazo máximo de 180 días para emitir tanto el reglamento como los protocolos necesarios. De acuerdo con el exhorto, a más de un año de haber vencido ese periodo no existe constancia de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Explicó que el reglamento resulta necesario para establecer de manera precisa cómo deben actuar las instituciones, definir sus responsabilidades y determinar los mecanismos de coordinación y los procedimientos que deben seguir ante situaciones de riesgo suicida.
“No se trata de desconocer las acciones que actualmente realizan las instituciones de salud, sino de fortalecerlas mediante reglas claras, coordinación permanente y responsabilidades definidas”, expresó.
La diputada recordó que no es la primera vez que el Congreso pide avanzar en este tema. En marzo de 2025 fue aprobado un punto de acuerdo para promover mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil y, en septiembre de ese mismo año, se realizó otro exhorto a la Secretaría de Salud para expedir los protocolos y el reglamento.
“Una ley que no cuenta con los instrumentos necesarios para su aplicación corre el riesgo de quedarse únicamente en una declaración de buenas intenciones. Chihuahua ya cuenta con una Ley de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio. Lo que corresponde ahora es hacerla plenamente operativa”, manifestó.
Ortega Máynez sostuvo que la atención de este problema requiere acciones que permanezcan en el tiempo y no dependan únicamente de esfuerzos aislados de las instituciones. Por ello, insistió en establecer procedimientos claros, coordinación permanente y políticas públicas que permitan aplicar de manera efectiva la legislación estatal.
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