Contreras argumentó que la disculpa de Garduño resulta insuficiente y contraria a lo que establecen la Constitución y la Ley General de Víctimas, pues no se trató de un acto institucional del Estado mexicano ni contó con la solemnidad requerida, sino que a su juicio, el excomisionado "busca evadir responsabilidades, cuando la tragedia dejó 40 migrantes muertos y decenas de heridos como consecuencia de negligencia de las autoridades migratorias".
La legisladora dijo que el incendio en la estación migratoria "ocurrió en condiciones de encierro, falta de agua, alimentos y protocolos de seguridad, e incluso los guardias se negaron a liberar a los hombres que clamaban por su vida", por ello, subrayó, "esta disculpa debía ser emitida por una autoridad de alto nivel que asuma la responsabilidad oficial, y no como parte de un proceso judicial limitado a medidas alternativas".
Otro de los motivos expuestos por Contreras es que la disculpa pública tiene como propósito restituir y dignificar a las víctimas, así como reconocer el sacrificio de quienes murieron en su intento por buscar una vida mejor, y por eso "debe realizarse en el mismo lugar de la tragedia, con la presencia de familiares y funcionarios federales, para cumplir con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos".
“Las víctimas y la sociedad fronteriza merecen justicia y un acto de dignificación real, no una formalidad burocrática”, enfatizó la diputada, lo que fue rebatido por la diputada de Morena Elizabeth Guzmán, quien detalló que la disculpa pública es un mecanismo legal que tiene un sustento y no puede moverse a contentillo obedeciendo a posturas partidistas, y consideró la propuesta como una "ocurrencia".
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