Chihuahua, Chih.- El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua advirtió que la resolución de un tribunal federal en un caso relacionado con la presunta desviación de más de 98 millones de pesos, atribuida al exgobernador Javier Corral Jurado, podría generar riesgos judiciales y afectar el combate a la corrupción en el estado.
Durante la primera sesión extraordinaria realizada en las instalaciones del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, el organismo emitió un posicionamiento institucional tras la resolución dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito dentro del Conflicto Competencial 20/2025.
El Comité explicó que el tribunal determinó que corresponde a la autoridad federal investigar el caso, al considerar que los recursos involucrados eran participaciones federales y, por lo tanto, conservan ese carácter. Sin embargo, señaló que este criterio representa un riesgo, ya que podría limitar las facultades de las autoridades estatales para investigar y sancionar posibles actos de corrupción.
El caso está relacionado con una investigación iniciada en Chihuahua por el presunto desvío de más de 98 millones de pesos en recursos públicos, que habrían sido destinados a la contratación de servicios durante la pasada administración estatal. La indagatoria había sido impulsada por autoridades locales, pero la resolución judicial trasladó la competencia al ámbito federal, lo que generó preocupación entre las instancias estatales.
El Comité Coordinador advirtió que este tipo de resoluciones podría provocar retrasos en los procesos judiciales, generar incertidumbre jurídica y debilitar la capacidad de las instituciones estatales para actuar frente a posibles actos de corrupción. También alertó que trasladar estos casos al ámbito federal podría afectar la coordinación entre autoridades y reducir la eficacia de los mecanismos anticorrupción.
Ante esta situación, el organismo reiteró la importancia de mantener claridad en la distribución de competencias entre autoridades estatales y federales, con el fin de garantizar investigaciones efectivas, evitar vacíos legales y asegurar la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos.
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