Ciudad de México. Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó hoy sin cambios la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum que amplía la definición de abuso sexual, y prevé que el silencio o la falta de resistencia por parte de la víctima no puede interpretarse como consentimiento. Sin embargo, el pleno avaló reducir los años de prisión a quien cometa el delito y la mayoría consideró que las agravantes pueden “compensar” el cambio de la pena.
En una sesión de casi tres horas, la minuta que ya había sido aprobada en el Senado la semana anterior fue avalada por el pleno de San Lázaro por 431 votos en favor, de todos los grupos parlamentarios.
Al fundamentar la enmienda --que modifica los artículos 260 y 266 bis del Código Penal Federal--, los morenistas Julio César Moreno y Julieta Vences explicaron en la tribuna que la propuesta establece que el abuso sexual comprende “cualquier acto sexual realizado sin consentimiento: tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas”.
Con una definición más precisa, señalaron, se evitan “vacíos legales que históricamente han favorecido la impunidad”.
De igual forma, se establece que “el consentimiento debe ser libre, voluntario y plenamente válido. No existe consentimiento cuando la voluntad ha sido anulada o viciada mediante violencia, intimidación, engaño, amenazas, abuso de confianza, abuso de autoridad o cualquier situación de vulnerabilidad. Ahora, con esta reforma, el silencio, la pasividad o la falta de resistencia física jamás podrán interpretarse como consentimiento”.
Ambos legisladores también destacaron que la iniciativa “fortalece la actuación del Estado mexicano, porque establece que el delito de abuso sexual se perseguirá de oficio. Esto significa que ya no dependerá únicamente de la denuncia de la víctima. Porque el miedo nos intimida, nos hace callar, pero desde aquí damos herramientas para que nunca más la voz de las mujeres vuelva a ser silenciada”.
La reforma, sin embargo, redujo la pena de cárcel vigente, que es de 6 a 10 años, a otra de 3 a 7 años, punto que fue objetado por la bancada del Partido del Trabajo, que anunció una iniciativa para incrementar la sanción carcelaria y decidió no presentar una reserva, con objeto de no retrasar las modificaciones, pues cualquier cambio obligaría a devolver el dictamen al Senado.
El argumento para reducirla es que el Congreso no puede “caer en el populismo punitivo”, pero también se planteó que, con las agravantes, la pena puede incrementarse, punto en que estuvo de acuerdo Margarita Zavala (PAN), quien señaló que sí compensa “poner agravantes claras”.
Además, se obliga al agresor a reparar de manera integral el daño; se implementarán medidas para evitar la repetición del delito, y se obligará a los agresores a tomar cursos con perspectiva de género.
Otro punto de la enmienda es la ampliación y fortalecimiento de las agravantes, para incluir elementos como abuso de poder, o la utilización de drogas sintéticas, alcohol o medicamentos para anular la voluntad de la víctima, pero también el hecho de que el agresor sea servidor público, profesionista o ministro de culto.
Se necesita presupuesto para cumplir la ley
Aunque los más de 20 oradores en tribuna se pronunciaron a favor de la iniciativa, algunas legisladoras de oposición advirtieron que, si no se garantizan los recursos presupuestales suficientes, esta reforma no será aplicable en la realidad.
La priísta Ariana Rejón admitió que la reforma “sí es un paso, pero no basta. No podemos seguir romantizando cuando no se asigna presupuesto. Si el gobierno no investiga, no protege y no acompaña, la reforma se queda en un simple papel. No podemos seguir legislando sin presupuesto mientras faltan ministerios públicos, peritajes oportunos, refugios, asesoría jurídica y atención psicológica real”.
En el mismo sentido, la panista Ana María Balderas recalcó que se necesita presupuesto suficiente para tener ministerios públicos bien capacitados y que actúen con perspectiva de género. “Sin fortalecimiento institucional, cualquier reforma corre el riesgo de quedar en el papel. Esta reforma requiere presupuesto, porque México vive una pandemia de violencia sexual”, abundó.
Marycarmen Bernal (PT) replicó su molestia porque “vienen con una actitud mentirosa y deshonesta” respecto del contenido de la iniciativa y pidió que “no se politice lo que no se debe politizar”. Sin embargo, también consideró incorrecto que la reforma reduzca las penas para los agresores, con el argumento de no incurrir en “populismo punitivo”.
Su compañera de bancada Lilia Aguilar también adoptó un enfoque crítico a la enmienda, pues, aunque reconoció que en general significa un avance, también lamentó que incluya una reducción en las penas de cárcel para los responsables del delito.
“El PT propone que no se bajen las penas, porque las agravantes no son suficientes (para compensar); los logros se pueden eclipsar por este asunto. No creo que aumentar las penas reduzca la incidencia, pero en un delito tina delicado, donde solo 1.5 por ciento de las denuncias llegan a juicio, tenemos que quitar todas las barreras. Reconocemos el avance, pero creo que quedamos debiendo”, admitió la legisladora, quien adelantó que su bancada presentará una iniciativa aparte para corregir dicho aspecto.
De igual forma, criticó que se abra la posibilidad de que los agresores sexuales puedan acceder al beneficio de la pre liberación si cumplen con ciertos requisitos de ley.
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