Chihuahua, Chih.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado Cuauhtémoc Estrada, se pronunció hoy sobre la liberación del propietario del Crematorio Plenitud y cuestionó tanto la actuación de las autoridades responsables de supervisar el establecimiento, como los señalamientos del Partido Acción Nacional, PAN, respecto a la reforma judicial.
Señaló que, antes de centrar el debate en la elección de jueces, debe revisarse qué autoridades tenían la obligación de vigilar e inspeccionar el crematorio y si cumplieron con esa responsabilidad durante los últimos años. Planteó que, si existieron omisiones durante más de dos años, debe analizarse por qué esos funcionarios no forman parte del proceso penal.
Estrada recordó que en el ámbito local se había dictado un auto de vinculación a proceso contra el propietario del crematorio y contra un empleado que posteriormente falleció, por lo que consideró necesario esclarecer por qué no se amplió la investigación hacia otras posibles responsabilidades administrativas.
En respuesta a declaraciones del diputado local del Partido Acción Nacional, Alfredo Chávez, quien atribuyó el caso a la reforma en la elección de jueces, Estrada rechazó esa postura y afirmó que en el Poder Judicial existen perfiles con antecedentes partidistas diversos.
El coordinador de Morena sostuvo que el juez que resolvió el caso tiene una trayectoria previa vinculada con Movimiento Ciudadano, donde incluso habría participado como representante político, pero "el debate debe centrarse en la transparencia y en revisar a fondo las responsabilidades institucionales, más allá de utilizar el tema con fines partidistas".
Además, calificó como gravísima la resolución judicial que permitió la liberación y expresó su rechazo a la determinación del juez Luis Eduardo Rivas.
Recordó ue la Fiscalía cuenta con un plazo de 10 días hábiles para interponer un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado y confió en que se presente a la brevedad. Añadió que también respalda que se promueva una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial para que se analice la actuación del juzgador.
Estrada subrayó que la resolución debe ser revisada a fondo, sobre todo por la magnitud del caso, en el que se localizaron 386 cadáveres que permanecieron durante años sin que hubiera una supervisión adecuada. Cuestionó que el juez considerara que se trataba de un asunto administrativo y no penal, pese a que, según la Fiscalía, se habrían entregado urnas con restos distintos o incluso con otros materiales.
Sostuvo que, si el Tribunal Colegiado determina que el juez actuó incorrectamente, deberá reponerse el procedimiento. Pero si valida la decisión, también tendrá que revisarse la integración de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía, ya que no puede existir un “cheque en blanco” para ninguna autoridad.
Finalmente, llamó a investigar posibles omisiones de las instancias encargadas de la inspección sanitaria, al señalar que la última revisión al establecimiento se realizó en 2022. Consideró indispensable esclarecer si hubo responsabilidades administrativas o complicidades y garantizar que el caso se analice con profundidad y sin encubrimientos.
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