En vísperas del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el país enfrenta un escenario mixto: avances en materia de seguridad, inversión y relaciones internacionales, pero también retrocesos en el Estado de Derecho, el sistema de salud, la creación de empleos y la estabilidad institucional, informó la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. A continuación, un resumen.
Seguridad y economía: señales mixtas
El gobierno federal ha reforzado la estrategia de seguridad y desplegado personal especializado para enfrentar al crimen organizado. Algunos indicadores delictivos muestran mejoras, pero persisten problemas graves: el robo de carga en carreteras, puertos y ferrocarriles, la extorsión —que aumentó 8.2% entre enero y julio de 2025— y las desapariciones forzadas continúan afectando directamente a la ciudadanía y la actividad económica.
En el ámbito económico, el gobierno impulsó el Plan México y abrió espacios de diálogo con empresarios para incentivar la inversión privada. La participación de capital en sectores estratégicos, como energía, muestra un avance. También destaca la cercanía diplomática con Estados Unidos y la gestión de las tensiones arancelarias con la administración de Donald Trump, así como la presencia de México en foros internacionales como el G20.
El Plan Pemex 2025-2030 busca autosuficiencia energética en 2027, con apertura a la inversión privada y una reingeniería financiera para reducir la dependencia de apoyos fiscales. En materia laboral, el aumento del salario mínimo en 2025 fue de 12%, alcanzando el 90% de la línea de bienestar familiar, mientras que la reducción de la jornada laboral continúa en consulta.
Retrocesos: justicia, salud y confianza institucional
Uno de los puntos más polémicos ha sido la reforma judicial que derivó en la elección de jueces, magistrados y ministros. La baja participación ciudadana —apenas 13% del padrón— y las irregularidades en más del 16% de las boletas reflejan deficiencias en el proceso y generan incertidumbre sobre la independencia judicial.
La desaparición de organismos autónomos y la concentración de poder en el Ejecutivo también generan preocupación. La inversión fija bruta suma nueve meses consecutivos de caídas, y la confianza empresarial cerró 2024 con un retroceso de 12.8 puntos, nivel comparable al registrado durante la pandemia.
El empleo formal también muestra señales de desaceleración: cuatro meses de caídas consecutivas y una disminución anual de 2.9% en los registros patronales. En materia de corrupción, las denuncias aumentan, pero las sanciones siguen siendo escasas, lo que debilita la confianza ciudadana.
La crisis del sistema de salud persiste. El desabasto de medicamentos afecta a millones, y 44.5 millones de personas, equivalentes al 34.2% de la población, carecen de servicios médicos. La falta de atención médica y educativa amenaza el desarrollo de las próximas generaciones.
Oportunidades y riesgos hacia 2026
La revisión del T-MEC representa una oportunidad para consolidar el nearshoring y atraer inversiones estratégicas, siempre que México garantice seguridad, certeza jurídica y estabilidad energética. El Plan México, enfocado en fortalecer a las MiPyMEs y detonar el mercado interno, también podría ser clave para la recuperación económica.
Sin embargo, la propuesta de una reforma electoral genera división política y podría debilitar instituciones en un contexto de alta incertidumbre económica. Analistas advierten que la prioridad debería ser el crecimiento económico, la generación de empleos y el fortalecimiento de los derechos sociales.
El reto: diálogo y consensos
El país enfrenta una disyuntiva: profundizar la polarización o construir consensos. Diversos sectores coinciden en que garantizar la seguridad, reforzar el Estado de Derecho, impulsar la transparencia y fortalecer la educación y la salud son condiciones indispensables para detonar la inversión y consolidar el crecimiento.
Para enfrentar los retos, Coparmex presentó siete líneas de acción:
Fortalecer el Estado de Derecho: crear una Evaluación Nacional Independiente sobre el sistema judicial, transparentar el proceso de selección de jueces y garantizar autonomía de los órganos constitucionales.
Garantizar seguridad y paz social: asignar más recursos a policías y fiscalías, y establecer mesas de diálogo sobre seguridad y extorsión.
Combatir la corrupción: investigar, sancionar y transparentar el uso de recursos públicos en todos los niveles de gobierno.
Invertir en salud pública: garantizar abasto de medicamentos, infraestructura médica adecuada y personal capacitado.
Mejorar la calidad educativa: reducir el rezago, elevar los niveles de aprendizaje y preparar a los estudiantes para los retos futuros.
Consolidar el diálogo tripartito: coordinar esfuerzos entre gobierno, empresarios y trabajadores para alcanzar acuerdos que fortalezcan la estabilidad económica y el empleo.
Replantear la reforma electoral: buscar consensos amplios para evitar retrocesos que debiliten la democracia y la confianza institucional.
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