Chihuahua, Chih.- Trabajadores del Centro de Investigación y Docencia (CID) acudieron este jueves a las instalaciones de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) para exigir la destitución de dos de sus directivos, ante una serie de denuncias por presunto hostigamiento laboral, violencia de género y problemas administrativos que, aseguran, han deteriorado el ambiente de trabajo y el funcionamiento de la institución.
Las inconformidades están dirigidas principalmente contra el subdirector académico, Federico Julián Mancera Valencia, a quien acusan de mantener conductas intimidatorias y un trato humillante hacia el personal, así como contra la directora, Argelia Antonia Ávila, a quien responsabilizan de no intervenir para atender las quejas presentadas desde hace varios meses.
De acuerdo con los manifestantes, el conflicto comenzó en febrero, cuando los actuales funcionarios asumieron sus cargos. Desde entonces, señalaron, se han presentado diversas denuncias ante instancias educativas y sindicales, sin que hasta el momento se haya alcanzado una solución, situación que llevó a la mayoría de los trabajadores a respaldar la protesta.
David Arzola, uno de los inconformes, explicó que la decisión de manifestarse surgió después de agotar los intentos de diálogo con las autoridades. Indicó que el personal busca una intervención directa de SEECH para poner fin a las situaciones denunciadas y recuperar condiciones adecuadas para desarrollar sus actividades.
Entre los testimonios destaca el de la docente Claudia Isela Gutiérrez Quezada, quien aseguró que desde mayo presentó un escrito para denunciar el comportamiento del subdirector académico. Sin embargo, afirmó que este miércoles volvió a enfrentar una agresión verbal dentro de su oficina, donde presuntamente recibió gritos e insultos.
La maestra también denunció que ha sido objeto de una carga excesiva de trabajo y horas, pese a cumplir con sus responsabilidades, lo que relacionó con las inconformidades que ha expresado. Otros empleados coincidieron en señalar que el trato hacia el personal se ha vuelto recurrentemente autoritario y ofensivo, por lo que temen que las situaciones de confrontación puedan agravarse.
A las acusaciones por el ambiente laboral se sumaron cuestionamientos sobre la administración de los recursos académicos. María Silvia Aguirre expuso posibles anomalías en la asignación de horas vacantes, al señalar que algunas plazas deberían someterse a convocatoria para su ocupación definitiva, mientras que determinadas horas pertenecientes al CID presuntamente estarían siendo utilizadas en otro centro educativo.
La trabajadora indicó que estas situaciones involucrarían tanto a la dirección del plantel como al Departamento de Escuelas Normales. Además, recordó que el pasado 19 de agosto se establecieron acuerdos para atender la distribución de dichas horas, pero aseguró que los compromisos no se han cumplido.
Otro de los reclamos se relaciona con la falta de un Plan de Desarrollo Institucional elaborado de manera conjunta con el personal. Los docentes señalaron que han solicitado participar en la definición de objetivos, prioridades y estrategias académicas, debido a que el CID ofrece programas de maestría, doctorado y especialidades en educación que requieren una adecuada planeación.
Según los inconformes, los documentos presentados por la actual administración no reflejan las aportaciones de la comunidad académica, lo que ha generado incertidumbre sobre el rumbo de la institución. También mencionaron la renuncia de la subdirectora administrativa, ocurrida el 8 de septiembre, la cual atribuyeron a situaciones de presunto maltrato.
Durante la protesta estuvieron presentes representantes de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes informaron que han acompañado las gestiones y que el conflicto ya fue planteado ante las instancias correspondientes. Asimismo, señalaron que se buscará establecer una mesa de trabajo para revisar las denuncias y encontrar una salida al problema.
No obstante, los trabajadores expresaron su inconformidad por la falta de resultados de reuniones anteriores, pues aseguraron que las autoridades se habían comprometido a mantenerlos informados sobre los avances, sin que hasta ahora exista una respuesta concreta.
Ante este panorama, el personal advirtió que podría recurrir a la suspensión de actividades si sus demandas continúan sin ser atendidas, aunque aclaró que su intención es evitar afectaciones al funcionamiento académico del centro.
Los manifestantes reiteraron que su exigencia central es la salida de los funcionarios señalados, además de una revisión de las presuntas irregularidades administrativas y la aplicación de medidas que garanticen un ambiente laboral libre de violencia. La movilización fue respaldada por la mayoría de los aproximadamente 43 trabajadores que participaron en una reunión previa para definir las acciones de protesta.
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