Chihuahua, Chih.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó a la ciudadanía los mecanismos disponibles para reportar abusos o irregularidades por parte de proveedores de bienes y servicios, al explicar las diferencias entre una queja y una denuncia, herramientas que permiten proteger los derechos de las personas consumidoras.
La dependencia señaló que una queja se presenta cuando una persona resulta afectada de manera directa por un proveedor, ya sea por incumplimiento en un servicio, negativa de garantía, cobros indebidos o cualquier situación relacionada con una compra o contratación. Para iniciar el procedimiento, es necesario acudir a la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) más cercana y proporcionar datos personales, información del proveedor y comprobantes de la operación realizada.
En estos casos, Profeco puede intervenir para buscar una conciliación entre ambas partes y lograr una solución al conflicto, evitando en muchos casos la necesidad de acudir a otras instancias legales.
Por otra parte, la denuncia está dirigida a reportar prácticas que afectan a un grupo de consumidores o a la población en general. Entre las situaciones más comunes se encuentran la falta de exhibición de precios, promociones engañosas, publicidad falsa, alteración de instrumentos de medición o el incumplimiento de disposiciones comerciales.
Cuando recibe una denuncia, la Procuraduría realiza visitas de verificación para revisar el cumplimiento de la normatividad y, en caso de detectar irregularidades, puede imponer medidas correctivas o sanciones conforme a la ley.
La Profeco destacó que estos mecanismos cobran especial relevancia durante eventos de alta demanda, como temporadas vacacionales, espectáculos masivos o competencias deportivas, donde suelen incrementarse las contrataciones de servicios y la venta de productos.
De acuerdo con información pública de la dependencia, las denuncias pueden realizarse de manera presencial, telefónica o a través de plataformas digitales, mientras que las quejas requieren la acreditación de una relación de consumo entre la persona afectada y el proveedor. El objetivo es garantizar condiciones de comercio justas y brindar certeza a quienes adquieren bienes o servicios en el país.
La institución exhortó a los consumidores a conservar facturas, contratos, comprobantes de pago y cualquier evidencia relacionada con sus compras, ya que estos documentos son fundamentales para respaldar una reclamación en caso de presentarse alguna controversia.
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