Chihuahua, Chih.- La regidora María Elena Rojo Almaraz presentó ante el Ayuntamiento de Chihuahua una propuesta de exhorto dirigida a diversas autoridades estatales con el propósito de fortalecer las acciones de prevención, detección, atención e investigación de posibles casos de explotación laboral, trabajo forzado, servidumbre y trata de personas que pudieran afectar a integrantes del pueblo rarámuri y otras comunidades indígenas.
Durante la exposición de la iniciativa, la edil señaló que la defensa de la dignidad humana y de los derechos fundamentales debe ser una prioridad para todas las instituciones públicas, especialmente ante situaciones que representan riesgos para la libertad y el bienestar de personas en condición de vulnerabilidad.
La propuesta surge en un contexto marcado por investigaciones periodísticas que han documentado presuntas redes de reclutamiento mediante engaños y falsas ofertas de empleo, mecanismos que suelen aprovecharse de personas que enfrentan condiciones de pobreza, marginación o falta de oportunidades.
Rojo Almaraz destacó que el pueblo rarámuri constituye una parte fundamental de la identidad cultural y social de Chihuahua, por lo que consideró necesario fortalecer las acciones institucionales orientadas a garantizar su seguridad, bienestar y acceso a mejores condiciones de desarrollo.
El exhorto plantea solicitar al Gobierno del Estado que refuerce los mecanismos de prevención y atención a posibles víctimas; a la Fiscalía General del Estado que investigue denuncias o indicios relacionados con explotación laboral o trata de personas; y a las dependencias competentes que implementen campañas de información, prevención y protección dirigidas a comunidades indígenas en situación de vulnerabilidad.
Además, la propuesta contempla pedir a las autoridades involucradas que informen sobre las acciones realizadas para prevenir, atender e investigar posibles casos de explotación laboral, trabajo forzado o trata de personas que afecten a integrantes de comunidades indígenas en la entidad.
La regidora señaló que el fortalecimiento de las políticas de protección resulta indispensable para garantizar el respeto a los derechos humanos y evitar cualquier forma de abuso contra las poblaciones indígenas, especialmente aquellas que enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad social.
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