Chihuahua, Chih.- Los Centros Empresariales de Coparmex en Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Parral y Nuevo Casas Grandes exigieron a las instituciones del Estado mexicano actuar con imparcialidad, transparencia y apego estricto a la legalidad ante los recientes casos que involucran a la gobernadora de Chihuahua y al gobernador de Sinaloa.
A través de un posicionamiento conjunto, el organismo empresarial manifestó preocupación por el manejo jurídico y político que se ha dado a ambos casos, al considerar que han surgido dudas sobre la consistencia con la que las autoridades aplican la ley, aunque en su gran mayoría ha sido el Partido Acción Nacional el que ha politizado el tema.
Los empresarios señalaron que todas las autoridades deben actuar bajo los mismos criterios legales, sin importar partidos políticos, cargos públicos o niveles de gobierno, con el fin de garantizar confianza en las instituciones.
Asimismo, destacaron la importancia de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia en cualquier investigación o señalamiento, al tiempo que advirtieron que los casos de Chihuahua y Sinaloa corresponden a contextos distintos que no deben politizarse.
Coparmex subrayó que el federalismo representa uno de los pilares fundamentales del sistema constitucional mexicano, ya que permite mantener equilibrio entre los distintos órdenes de gobierno y protege la soberanía de las entidades federativas.
En ese sentido, alertaron que cualquier percepción de aplicación desigual de la ley puede afectar la certeza jurídica y generar desconfianza entre inversionistas nacionales y extranjeros, especialmente en un momento de desaceleración económica y necesidad de generación de empleos formales.
El organismo empresarial también señaló que México enfrenta importantes retos económicos y de competitividad internacional, por lo que consideró indispensable fortalecer la estabilidad institucional y la credibilidad de las autoridades.
Finalmente, Coparmex hizo un llamado a todas las instituciones del país para actuar con congruencia, rigor legal y neutralidad política, con el objetivo de preservar la estabilidad democrática y las condiciones necesarias para el desarrollo económico.
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