Habitantes de comunidades indígenas y campesinas de Veracruz, Puebla y San Luis Potosí advirtieron sobre los posibles daños que ocasionaría la extracción de petróleo y gas mediante fracturación hidráulica, conocida como fracking, por lo que solicitaron al Gobierno federal establecer una prohibición legal de esta práctica en la cuenca Tampico-Misantla.
La preocupación se concentra en los efectos que esta técnica podría tener sobre las fuentes de agua, las tierras de cultivo y la salud de las familias que viven en la Huasteca Potosina, el Totonacapan y la Sierra Norte de Puebla, regiones cercanas a los yacimientos que interesan a la industria petrolera.
Las organizaciones recordaron que hace más de tres meses un comité de científicos y especialistas convocado por el Gobierno federal recomendó no realizar este tipo de extracción en la cuenca, debido a la cercanía de las poblaciones y los posibles impactos ambientales y sociales.
Sin embargo, señalaron que hasta ahora no se ha publicado un decreto que convierta esa recomendación en una prohibición obligatoria, lo que mantiene la incertidumbre entre las comunidades.
El Observatorio del Extractivismo en México también expresó preocupación por las actividades de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la cuenca Sabinas-Burro Picachos, al noreste del país, donde, según la organización, ya comenzaron trabajos para explorar la disponibilidad de agua salobre que podría utilizarse en procesos de fracturación hidráulica.
Los representantes comunitarios señalaron que en distintas zonas petroleras se han documentado afectaciones relacionadas con derrames de hidrocarburos y contaminación de terrenos y cuerpos de agua. También cuestionaron la capacidad de Pemex para atender y reparar oportunamente los daños ambientales.
Otro de los argumentos de las organizaciones es que la extracción mediante fracking no resolvería de manera permanente la dependencia energética de México respecto de Estados Unidos.
De acuerdo con sus estimaciones, los recursos obtenidos mediante esta técnica podrían cubrir una parte del consumo nacional de gas y petróleo durante un periodo de entre cinco y siete años, mientras que los posibles daños al ambiente y a las actividades económicas de las comunidades podrían permanecer por más tiempo.
Ante esta situación, plantearon impulsar inversiones en energías renovables y mejorar el aprovechamiento de la energía en las industrias, en lugar de ampliar la extracción de hidrocarburos mediante métodos que requieren grandes cantidades de agua.
La principal petición de las comunidades es que el Gobierno federal publique una disposición que prohíba expresamente el fracking en Tampico-Misantla, pues consideran que la recomendación científica emitida hace tres meses todavía no ofrece certeza jurídica sobre las actividades petroleras que podrían realizarse en sus territorios.
LA JORNADA
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