Ciudad de México.- La desaparición de adolescentes en Jalisco aumentó 140 por ciento entre 2019 y 2026, mientras investigadores advierten que grupos del crimen organizado están recurriendo al reclutamiento de menores de edad, incluso desde los 12 años, para incorporarlos a sus actividades mediante engaños, amenazas y falsas ofertas de trabajo.
De acuerdo con una investigación publicada por el medio A dónde van los desaparecidos, elaborada por la periodista Laura Castellanos, las cifras del Registro Estatal de Personas Desaparecidas muestran que los casos de adolescentes pasaron de 734 en 2019 a mil 764 en 2026, aunque especialistas consideran que la cantidad real podría ser mayor debido a problemas en los registros oficiales.
Jorge Ramírez, investigador de la Universidad de Guadalajara, explicó que el reclutamiento de jóvenes se ha intensificado por la necesidad de las organizaciones criminales de incorporar nuevos integrantes, principalmente en regiones donde mantienen enfrentamientos. “El reclutamiento está mutando rápidamente”, señaló al advertir que ahora se utilizan métodos más agresivos y periodos de adiestramiento cada vez más cortos.
El especialista encontró que buena parte de los casos se concentra en estados del corredor que va de Michoacán a Baja California. También señaló que, contrario a lo que suele pensarse, no todos los adolescentes son contactados mediante redes sociales o videojuegos, pues muchas veces el acercamiento ocurre a través de conocidos del barrio, compañeros de escuela e incluso familiares.
Uno de los métodos identificados consiste en ofrecer empleos atractivos a jóvenes que posteriormente son trasladados a otras entidades. La investigación menciona casos relacionados con la central camionera de Tlaquepaque, donde algunas familias perdieron contacto con sus hijos después de que estos acudieron a supuestas oportunidades laborales.
Las edades de 15, 16 y 17 años aparecen entre las que registran más desapariciones durante 2026. Además, de las fichas de búsqueda de mujeres difundidas hasta el 23 de octubre, el 46.4 % corresponde a menores de edad, una proporción que los investigadores consideran especialmente preocupante.
Otro problema señalado es que no todas las desapariciones llegan a formar parte de las estadísticas. Víctor Manuel González Romero, exrector de la Universidad de Guadalajara, advirtió que existen diferencias entre los registros estatales y federales, mientras que algunas familias enfrentan retrasos para obtener fichas de búsqueda o activar las alertas correspondientes.
La investigación también menciona a Chihuahua entre las entidades donde podrían existir casos que no aparecen adecuadamente reflejados en las cifras oficiales, aunque no presenta una cantidad específica de adolescentes reclutados en el estado.
Ante este panorama, la Cámara de Diputados aprobó el pasado 20 de octubre una reforma para tipificar el reclutamiento forzado dentro de la Ley General de Trata de Personas, con penas de 10 a 20 años de prisión, que podrían aumentar hasta 25 años cuando se utilicen amenazas, violencia o intimidación.
Sin embargo, especialistas y organizaciones defensoras de la infancia señalaron que la reforma debe acompañarse de investigaciones sobre las redes de reclutamiento y de mecanismos de protección para las víctimas, especialmente en comunidades donde los adolescentes enfrentan dificultades económicas, abandono escolar y falta de oportunidades laborales.
Agencias
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