Ciudad de México.- Personas con conocimiento de las contrataciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) comenzaron a proporcionar documentos, videos, conversaciones de WhatsApp e información financiera a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo que permitió identificar nuevas posibles irregularidades en la asignación de contratos durante varios años.
La ASF informó este lunes que, gracias a estos testimonios, logró reunir elementos sobre la manera en que determinadas empresas habrían intervenido en los procedimientos de contratación del organismo electoral, particularmente durante la administración de Guadalupe Taddei Zavala.
De acuerdo con el órgano fiscalizador, algunos de los informantes buscan acogerse a un programa que permite solicitar una reducción de sanciones a cambio de proporcionar información y pruebas sobre posibles actos irregulares en los que tuvieron conocimiento o participación.
Entre el material recibido se encuentran fotografías, videos, documentos, domicilios, registros financieros, mensajes de WhatsApp y nombres de personas presuntamente relacionadas con las contrataciones. La información también permitió identificar posibles conexiones entre empresas proveedoras y servidores públicos.
Uno de los principales hallazgos, según la ASF, apunta a que los beneficiarios finales de algunas compañías habrían participado en la selección de proveedores y en la elaboración de requisitos técnicos para favorecer determinados intereses empresariales, lo que pudo afectar las condiciones de competencia en las licitaciones.
La institución señaló que las investigaciones permitieron documentar indicios de estas prácticas, aunque todavía se trabaja para determinar el alcance de las irregularidades y establecer las posibles responsabilidades de quienes participaron.
Este mecanismo de colaboración se utiliza por primera vez en una investigación de este tipo de la ASF y está contemplado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sin embargo, proporcionar información no significa obtener automáticamente una reducción de sanciones, ya que los interesados deben cumplir con los requisitos legales correspondientes.
Las indagatorias también abarcan posibles irregularidades en contrataciones de organismos electorales locales, debido a que existen señalamientos sobre grupos empresariales que habrían participado en procedimientos de adquisición de bienes y servicios en distintas entidades del país.
El caso se desarrolla después de la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE, ocurrida en octubre, en medio de cuestionamientos sobre la contratación de proveedores durante su gestión. Hasta el momento, los señalamientos relacionados con la exfuncionaria no representan una determinación judicial de responsabilidad.
La Auditoría Superior de la Federación informó que continuará recabando pruebas, identificando a otras personas posiblemente involucradas y siguiendo el destino de los recursos públicos utilizados en las contrataciones investigadas, con el propósito de determinar las responsabilidades administrativas que correspondan.
Agencias
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