Chihuahua, Chih.- El auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, informó hoy que se presentó una denuncia administrativa por presuntas irregularidades en el pago de indemnizaciones a cerca de 12 trabajadores del Instituto Estatal Electoral (IEE), durante la gestión de Claudia Arlett Espino, conocida como Cata Espino, cuando encabezaba el organismo.
Acosta Félix explicó que los empleados tenían contratos de prestación de servicios por tiempo determinado, pero fueron despedidos justo un día antes de que concluyeran, lo que habría provocado pagos innecesarios con recursos del instituto, y "lo más sencillo hubiera sido esperar un solo día, prácticamente 24 horas, para que se hubieran concluido los contratos sin necesidad de pagar esos meses de indemnización”, señaló el auditor.
Detalló que esta decisión habría generado el pago de tres meses de salario por concepto de indemnización para cada trabajador, además de los finiquitos correspondientes, a pesar de que sus contratos estaban a punto de vencer.
El titular de la Auditoría Superior del Estado aclaró que se trataba de empleados de mandos medios e inferiores y no de funcionarios de alto nivel, sin embargo, reconoció que por el momento no tenía disponible el monto total de los recursos utilizados para cubrir dichos pagos.
Acosta Félix confirmó que los hechos ocurrieron durante la presidencia de Cata Espino y que la denuncia fue presentada ante el órgano interno de control del instituto, instancia encargada de revisar las posibles responsabilidades administrativas, "entiendo que ellos ya han iniciado el proceso de responsabilidades para determinar quién ordenó estas indemnizaciones”, expresó al considerar que la terminación anticipada de los contratos pudo afectar el patrimonio del organismo electoral.
El auditor sostuvo que la principal irregularidad señalada consiste en haber despedido a los trabajadores cuando faltaba solamente un día para que terminara su relación contractual, situación que, desde su perspectiva, pudo evitarse sin generar obligaciones adicionales de pago, y que será el órgano interno de control el encargado de determinar si existieron faltas administrativas y quiénes fueron los responsables de autorizar las indemnizaciones.
Queda pendiente conocer el avance de la investigación y el monto total de las indemnizaciones, datos que permitirían precisar el posible daño económico al instituto.
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