Las nuevas declaraciones del exfiscal Guillermo Arturo Zuany Portillo volvieron a colocar a la gobernadora María Eugenia Campos Galván frente a una pregunta que parecía haber quedado resuelta con una simple negativa: ¿sabía o no que agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) participaban en operaciones de seguridad dentro de Chihuahua?
El asunto tomó un nuevo rumbo después de que The New York Times publicó una investigación sobre la participación de agentes estadounidenses en territorio chihuahuense desde 2025, con la colaboración de Zuany, quien ahora enfrenta órdenes de aprehensión y se encuentra fuera del alcance de las autoridades mexicanas.
Lo que llamó especialmente la atención fue que el propio exfuncionario, mediante mensajes enviados al periódico estadounidense, aseguró que Maru Campos tenía conocimiento de esas actividades. Una afirmación que contradice directamente la versión sostenida por la mandataria desde que el operativo de abril en la Sierra Tarahumara puso al descubierto la presencia de extranjeros.
La respuesta del Gobierno del Estado tardó más de seis horas, pero llegó. La Fiscalía General del Estado aseguró que en las 150 declaraciones recabadas de 86 personas, así como en las pruebas documentales y periciales que forman parte de la investigación, no existe información que demuestre que la gobernadora conociera o autorizara dichas operaciones.
Y ahí está precisamente el punto que merece una reflexión.
Que el nombre de una persona no aparezca en una carpeta de investigación no significa, por sí mismo, que desconociera lo ocurrido. Significa que, hasta ese momento, los elementos reunidos no acreditan su participación o conocimiento. Son situaciones distintas, aunque en el discurso político puedan presentarse como si fueran exactamente lo mismo.
La ausencia de una referencia en un expediente no es una prueba automática de desconocimiento, de la misma manera que una declaración periodística tampoco constituye prueba suficiente para atribuir responsabilidades. Ambas versiones requieren ser contrastadas con documentos, comunicaciones y testimonios que permitan establecer qué ocurrió.
La Fiscalía sostiene, además, que la información sobre la presencia de extranjeros le fue ocultada a la gobernadora, circunstancia que un juez consideró probable al dictar una vinculación a proceso. Ese dato forma parte de la versión oficial y debe ser tomado en cuenta, pero tampoco convierte en definitiva una investigación que todavía continúa.
Porque si durante meses existió una colaboración de esa naturaleza entre funcionarios estatales y agentes estadounidenses, las preguntas no terminan con saber si la mandataria fue mencionada en las declaraciones.
También resulta necesario conocer quién autorizó los encuentros, cómo se desarrollaron las operaciones, qué funcionarios tuvieron acceso a la información y cuáles fueron los mecanismos de supervisión dentro de la estructura de seguridad del estado.
No estamos hablando de una reunión informal entre corporaciones ni de un intercambio rutinario de información. El reportaje describe una colaboración que habría incluido capacitación, acompañamiento de agentes extranjeros y participación en determinadas operaciones contra organizaciones criminales.
Si esas actividades ocurrieron en los términos publicados, resulta razonable preguntarse cómo pudieron desarrollarse durante tanto tiempo dentro de instituciones estatales sin que existieran controles suficientes para informar a sus superiores.
La gobernadora puede sostener que nunca fue enterada, y tiene derecho a que esa versión sea considerada. Pero el desconocimiento, aun si llegara a comprobarse, abriría otra discusión sobre el funcionamiento de los mecanismos de supervisión y comunicación dentro de su propia administración.
Porque una cosa es no haber autorizado una operación y otra muy distinta es que funcionarios bajo una estructura gubernamental hayan podido organizarla sin que se detectara oportunamente.
Tampoco puede ignorarse la situación de Guillermo Zuany. Sus declaraciones deben examinarse con especial cuidado, precisamente porque enfrenta investigaciones y órdenes de aprehensión. Su condición jurídica obliga a contrastar sus afirmaciones, no a aceptarlas automáticamente.
Pero tampoco sería correcto descartarlas únicamente porque ahora se encuentra señalado por las autoridades. Si tiene información sobre quiénes conocían las operaciones, lo procedente sería que aportara pruebas ante las instancias correspondientes y que estas fueran sometidas al escrutinio judicial.
Al ser cuestionada sobre lo publicado por The New York Times, Maru Campos respondió que Zuany debería decirlo ante un juez. Y en eso existe un punto atendible: una acusación de esta naturaleza necesita pruebas y un procedimiento formal.
Sin embargo, la exigencia de pruebas debe funcionar en ambos sentidos. También corresponde explicar con claridad cómo se determinó que la información fue ocultada, quiénes participaron en ese supuesto ocultamiento y qué controles institucionales fallaron para que una operación de semejante alcance se desarrollara.
La discusión tampoco debería reducirse a una confrontación entre la palabra de una gobernadora y la de un exfiscal. En medio están las responsabilidades de las instituciones, la participación de agentes de otro país en territorio mexicano y las investigaciones abiertas tras los acontecimientos de abril.
El Gobierno del Estado insiste en que no existen elementos que vinculen a Campos con el conocimiento o autorización de esas actividades. Zuany sostiene lo contrario. Hasta ahora, ninguna de esas posiciones debería sustituir la necesidad de esclarecer los hechos mediante pruebas.
Lo que resulta insuficiente es pretender que la ausencia del nombre de la gobernadora dentro de una investigación cierre automáticamente cualquier pregunta sobre lo sucedido.
Maru Campos no tiene que demostrar su inocencia frente a una acusación que no ha sido acreditada. Pero como titular del Ejecutivo estatal sí tiene una responsabilidad pública de explicar cómo funcionaban las instituciones bajo su administración y qué ocurrió con los mecanismos de control.
Al final, la pregunta ya no es solamente si Maru sabía de la CIA.
También es cómo pudo desarrollarse una colaboración de esa naturaleza, quién tenía conocimiento de ella y por qué terminó convertida en un conflicto que involucra a autoridades estatales, federales y estadounidenses.
Y esas respuestas no aparecen simplemente buscando, o dejando de encontrar, un nombre dentro de una carpeta de investigación.
Hola, déjenos un comentario