Chihuahua, Chih.- El diputado Francisco Sánchez Villegas propuso hoy solicitar que se impugne ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una nueva ley federal que permitiría establecer el uso obligatorio de pagos electrónicos en determinadas actividades económicas.
El legislador cuestionó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada el pasado 4 de noviembre, al considerar que algunas de sus disposiciones podrían afectar a comerciantes, productores y ciudadanos que utilizan dinero en efectivo para realizar sus operaciones cotidianas.
Explicó que los artículos 13 y 14 de esta legislación facultan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar en qué sectores podrían aceptarse únicamente pagos digitales, una medida que, según su planteamiento, podría generar dificultades para quienes no cuentan con servicios bancarios o acceso constante a internet.
Sánchez Villegas señaló que esta situación tendría consecuencias particulares en Chihuahua, debido a las condiciones de las comunidades rurales y serranas, donde el acceso a herramientas tecnológicas y servicios financieros puede ser limitado. También mencionó los posibles costos adicionales que enfrentarían pequeños negocios para adaptarse a los nuevos sistemas de cobro.
La propuesta pidió a diputados federales, senadores y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentar acciones de inconstitucionalidad contra los artículos señalados, al considerar que podrían existir afectaciones a la libertad de comercio y a la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Asimismo, solicitó que el Gobierno del Estado, el Congreso local y los 67 ayuntamientos analicen la posibilidad de promover controversias constitucionales si consideran que la legislación invade sus facultades o les impone nuevas obligaciones administrativas y presupuestales.
El diputado aclaró en su planteamiento que la ley no establece una prohibición general e inmediata del dinero en efectivo, sino que permite a las autoridades federales determinar posteriormente las actividades donde podrían aplicarse restricciones.
De acuerdo con la propuesta, el plazo ordinario para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la legislación federal concluiría el próximo 4 de diciembre. El exhorto quedó sujeto al trámite correspondiente dentro del Congreso del Estado.
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