Chihuahua, Chih.- El abogado Luis Villegas Montes señaló a la gobernadora María Eugenia Campos Galván de haber sacrificado políticamente al exfiscal César Jáuregui Moreno para deslindarse de las investigaciones federales por el operativo de El Pinal y, al mismo tiempo, eliminar a un posible obstáculo dentro del Partido Acción Nacional, PAN, rumbo a la elección municipal de Chihuahua en 2027.
A través de un posicionamiento público, Villegas Montes rechazó que su intervención como abogado en el caso de Andrea Cecilia Domínguez Anguiano haya provocado la detención de Jáuregui, como asegura que algunas personas han intentado hacer creer dentro del entorno político panista.
El litigante consideró que responsabilizarlo de lo ocurrido carece de fundamento, pues aseguró que las diferencias políticas relacionadas con el exfiscal comenzaron desde septiembre, semanas antes de que presentara una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos contra familiares de funcionarios estatales.
Para explicar su postura, recordó que desde el 3 de septiembre comenzaron a circular versiones sobre posibles represalias contra personajes del PAN que respaldaban las aspiraciones políticas de Jáuregui, entre ellos Juan Blanco Saldívar, cuya salida del Gobierno del Estado fue relacionada públicamente con su apoyo al exfiscal.
También señaló que el 19 de septiembre la gobernadora sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en el aeropuerto de Ciudad Juárez, donde se abordó la participación de agentes estadounidenses en un operativo realizado en Chihuahua.
Villegas Montes destacó que, después de aquel encuentro, la presidenta habló públicamente sobre la posibilidad de proceder legalmente contra funcionarios estatales si se comprobaba alguna violación a la ley. A su juicio, esas declaraciones muestran que las investigaciones y los posibles señalamientos contra integrantes del Gobierno estatal ya estaban presentes antes de su intervención en el caso de Andrea Domínguez.
El abogado retomó además las declaraciones recientes de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, quien confirmó que Campos proporcionó información sobre posibles responsabilidades de César Jáuregui en el ingreso de agentes extranjeros a Chihuahua, así como señalamientos relacionados con presuntos actos de corrupción vinculados con casinos.
Para Villegas Montes, esta información fortalece su interpretación de que la gobernadora buscó trasladar las responsabilidades hacia quien durante años fue uno de sus colaboradores más cercanos y de mayor confianza.
Según su análisis, Campos enfrentaba dos problemas: las investigaciones federales sobre la intervención de personal estadounidense en territorio mexicano y el crecimiento político de Jáuregui dentro del PAN, particularmente por sus aspiraciones a la candidatura a la alcaldía de Chihuahua.
El abogado sostuvo que ambos asuntos terminaron coincidiendo de una manera que, desde su perspectiva, benefició políticamente a la mandataria estatal y a quienes respaldan las aspiraciones del secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda.
Villegas Montes recordó que el 15 de octubre, dos días antes de su detención, Jáuregui difundió un video en el que advertía sobre una posible intensificación de ataques políticos y judiciales contra él y su equipo. El exfiscal también había manifestado su disposición a responder ante las autoridades si se le atribuía alguna responsabilidad.
En ese contexto, el litigante calificó la detención de su compadre como una traición política y cuestionó que ahora se pretenda responsabilizarlo a él por las consecuencias del conflicto.
También explicó que el 6 de octubre presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos relacionada con presuntos actos de violencia, acoso laboral y sexual, en la que señaló a Manuel Campos Galván, hermano de la gobernadora, y a Alberto de la Peña Grajeda, hermano del secretario general de Gobierno.
Aclaró que estos señalamientos forman parte de un procedimiento distinto y rechazó que su actuación profesional pueda utilizarse como explicación de los problemas judiciales que enfrenta Jáuregui.
El abogado también hizo referencia a una reunión de integrantes del PAN celebrada el 23 de octubre en Chihuahua, a la que aseguró no haber sido convocado. Señaló que le preocupa que durante ese encuentro se haya intentado relacionar su trabajo jurídico con la detención del exfiscal.
Además, cuestionó las diferencias internas del panismo y criticó a diversos personajes que actualmente respaldan a la gobernadora, pese a que anteriormente mantuvieron posiciones políticas contrarias a ella.
En la parte final de su posicionamiento, Villegas Montes se refirió a los esfuerzos del alcalde Marco Bonilla por mantener la unidad del PAN y le recomendó marcar distancia de la gobernadora, al considerar que las controversias recientes podrían afectar al partido.
El abogado reiteró que su interpretación de los acontecimientos apunta a una ruptura política entre Campos y Jáuregui, motivada tanto por las investigaciones federales como por las diferencias internas relacionadas con la sucesión municipal.
Finalmente, Villegas Montes insistió en que no aceptará que se atribuyan a su ejercicio profesional las consecuencias de decisiones tomadas por otros actores políticos y sostuvo que las explicaciones sobre lo ocurrido con César Jáuregui deben buscarse en las actuaciones de las autoridades y en los conflictos internos del Gobierno estatal.
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