En política hay silencios que pesan, declaraciones que terminan complicando las cosas y lealtades que se ponen a prueba cuando aparecen los problemas. El caso del laboratorio clandestino de El Pinal reúne un poco de todo. Lo que comenzó como una controversia por la participación de agentes estadounidenses en un operativo de seguridad terminó convertido en un asunto judicial que alcanza al exfiscal César Jáuregui Moreno y que también deja preguntas sobre las decisiones de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
Durante meses, la mandataria sostuvo distintas posiciones sobre lo ocurrido en la Sierra de Chihuahua. Primero aseguró desconocer la intervención de agentes extranjeros, después anunció investigaciones para determinar responsabilidades y, más recientemente, defendió la idea de que el caso tenía componentes políticos. Sin embargo, las revelaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Fiscalía General de la República agregaron un elemento que cambia considerablemente la discusión.
No solamente se trata de lo que la gobernadora sabía o desconocía sobre aquel operativo. Ahora también resulta necesario explicar por qué, después de negar que hubiera entregado a César Jáuregui a las autoridades federales, se conoció que ella misma solicitó una reunión con la fiscal general Ernestina Godoy para responsabilizar al exfuncionario de lo ocurrido y proporcionar información sobre otros presuntos delitos.
Y aquí aparece una de las contradicciones más delicadas de todo este asunto.
Primero la defensa, después las acusaciones
César Jáuregui no era un funcionario cualquiera dentro del Gobierno del Estado. Durante años fue una de las figuras de mayor confianza de Maru Campos y ocupó responsabilidades importantes dentro de su equipo político y administrativo, incluso desde que ambos eran legisladores locales de 2013 a 2016, y luego cuando ella fue alcaldesa.
La llegada de Jáuregui a la Fiscalía General del Estado representó la continuidad de una relación construida desde mucho antes de que la gobernadora asumiera el Poder Ejecutivo. Por eso, resulta difícil analizar lo ocurrido sin tomar en cuenta el vínculo de confianza que existía entre ambos.
Cuando estalló la controversia por el operativo en El Pinal, el entonces fiscal aseguró que la intervención había estado a cargo de autoridades mexicanas y explicó que los estadounidenses que se encontraban en la zona realizaban actividades de capacitación relacionadas con el uso de drones.
Posteriormente, la gobernadora sostuvo que desconocía posibles irregularidades y ordenó investigar lo sucedido. Hasta entonces, el Gobierno estatal buscaba aclarar la participación de personal extranjero sin señalar públicamente a Jáuregui como responsable de otros posibles delitos.
Pero el escenario cambió cuando el exfiscal terminó detenido y comenzaron a conocerse detalles de las conversaciones que la mandataria había sostenido con autoridades federales.
Maru Campos rechazó haber entregado políticamente a su antiguo colaborador. Esa postura transmitía la idea de que las acciones contra Jáuregui correspondían exclusivamente a decisiones de las instituciones de procuración de justicia y no a una intervención de la gobernadora, aun cuando fue la Fiscalía General del Estado, a su cargo, la primera que le ejecutó una orden de aprehensión acusándolo de ejercicio ilegal del servicio público y de coalición.
Sin embargo, el comunicado 745/26 de la Fiscalía General de la República, emitido este viernes, presentó una versión mucho más amplia. La institución confirmó que fue Campos quien solicitó reunirse con Ernestina Godoy y que durante ese encuentro responsabilizó al exfiscal por los acontecimientos en Chihuahua relacionados con la participación de personas extranjeras.
Hasta ese punto podría argumentarse que la mandataria simplemente cumplió con su obligación de proporcionar información sobre posibles irregularidades.
Lo que llama la atención es que la conversación no se limitó al operativo de El Pinal.
La FGR informó que la gobernadora también compartió señalamientos sobre presuntos actos de corrupción de Jáuregui relacionados con casinos y prestanombres. Esa información motivó la apertura de una nueva línea de investigación.
Así, mientras públicamente se rechazaba la idea de haber entregado al exfiscal, las autoridades federales confirmaban que la propia gobernadora había acudido a señalarlo y a ofrecer información que ampliaba las investigaciones en su contra, y todo, según dijo, para defenderse de que la llamaran traidora a la patria y de que sugirieran que hizo un pacto justamente para entregar al ex fiscal.
¿Traición política o cumplimiento de una obligación?
Aquí conviene hacer una distinción importante.
Que una gobernadora proporcione información sobre posibles delitos cometidos por un exfuncionario no constituye, por sí mismo, una traición. Al contrario, si cuenta con elementos que permitan investigar conductas ilegales, tiene la obligación de ponerlos en conocimiento de las autoridades, independientemente de la cercanía política o personal que haya existido.
El problema no está necesariamente en haber hablado con la Fiscalía federal, sino en la distancia entre esa actuación y las explicaciones ofrecidas públicamente.
Porque una cosa es decir que no se intervino políticamente para perjudicar a un antiguo colaborador y otra muy distinta es que el Gobierno federal confirme que la propia mandataria solicitó una reunión para responsabilizarlo de determinados hechos y señalar posibles delitos adicionales.
La diferencia merece una explicación que hasta ahora no resulta suficientemente clara.
Desde una perspectiva política, los acontecimientos pueden interpretarse como una ruptura de lealtad hacia alguien que durante años formó parte del círculo cercano de la gobernadora. Pero esa percepción no demuestra que existiera un acuerdo para perjudicarlo ni sustituye las investigaciones judiciales.
Lo que sí queda documentado es que Campos participó activamente en el intercambio de información que permitió ampliar las indagatorias federales.
Y entonces surge una pregunta que difícilmente puede ignorarse: ¿por qué resultaba tan importante negar públicamente que había entregado a Jáuregui si después se confirmó que ella misma había proporcionado señalamientos en su contra?
Tal vez el problema nunca fue acudir ante la Fiscalía, sino reconocer ante la opinión pública que había dejado de respaldar a uno de sus colaboradores más cercanos, y de que no solo era capaz de incumplir un acuerdo con la propia presidenta de mantener privada su reunión en el aeropuerto, sino de traicionar a su propio amigo de años, al que públicamente llamaba "gordo", a quien prácticamente le debe mucho para que ella llegara a donde está.
El asunto de los casinos abre otra contradicción
Los señalamientos relacionados con casinos y prestanombres merecen un análisis separado porque no corresponden directamente al operativo de El Pinal. La fiscal general Ernestina Godoy confirmó que Campos habló de presuntos actos de corrupción atribuidos a Jáuregui y ofreció facilitar información al respecto.
Eso abre una interrogante todavía más importante que la supuesta ruptura de confianza entre ambos. Si la gobernadora disponía de información sobre posibles negocios irregulares de un funcionario que estuvo al frente de la Fiscalía estatal, ¿desde cuándo la conocía? ¿Se trataba de datos descubiertos recientemente o de información que ya circulaba dentro de su administración? Y, sobre todo, ¿qué hizo el Gobierno del Estado cuando tuvo conocimiento de esos señalamientos?
Son preguntas legítimas que no implican dar por culpable a César Jáuregui ni atribuir delitos a la mandataria.
La investigación deberá determinar si existen pruebas de las conductas denunciadas. Pero la responsabilidad de explicar cuándo se conocieron las posibles irregularidades corresponde a quienes estuvieron al frente de las instituciones involucradas.
Si la información apareció después de la salida del exfiscal, debe aclararse cómo fue descubierta. Si existía desde antes, también sería necesario explicar por qué no se actuó oportunamente y si hasta que al parecer él estaba empecinado a lograr la candidatura para la Alcaldía de Chihuahua por Acción Nacional, algo con lo que ella no estaba de acuerdo y fue capaz de pedirle ocho veces que se bajara de la contienda, topándose con lo que ella llamó como "soberbia".
La transparencia sobre esos tiempos resulta fundamental para comprender si los mecanismos de vigilancia institucional funcionaron correctamente.
Una reunión privada que terminó siendo pública
El encuentro de Maru Campos con la presidenta Claudia Sheinbaum en el aeropuerto de Ciudad Juárez también merece atención. Las dos mandatarias reconocieron que sostuvieron una conversación difícil, marcada por diferencias y reclamos sobre lo ocurrido en Chihuahua.
La propia gobernadora explicó en entrevistas nacionales que había existido un acuerdo para mantener reservados los detalles de aquella conversación. Sin embargo, decidió compartir públicamente parte de lo sucedido, alegando una supuesta "defensa".
La presidenta respondió posteriormente y ofreció su versión, incluyendo lo que Campos le había comentado sobre César Jáuregui y posibles actos de corrupción. El asunto no es menor.
En las relaciones institucionales, la confianza permite que dos autoridades con diferencias políticas intercambien información y discutan asuntos delicados sin convertir necesariamente cada conversación en una confrontación pública.
Cuando una de las partes rompe esa reserva, aun cuando considere que tiene motivos para hacerlo, puede generar consecuencias que van más allá de una controversia mediática.
Y eso parece haber sucedido en este caso.
La decisión de hacer pública la discusión abrió la puerta para que Sheinbaum explicara lo que había escuchado de la gobernadora, incluyendo los señalamientos contra el exfiscal.
Después llegó la confirmación de Ernestina Godoy, quien no solamente respaldó la existencia de esos señalamientos, sino que informó oficialmente sobre el encuentro solicitado por Campos.
De esta manera, una conversación que originalmente había quedado entre dos autoridades terminó conectándose con otra reunión, esta vez en las oficinas de la Fiscalía General de la República.
El resultado fue que la controversia dejó de depender únicamente de interpretaciones políticas y comenzó a incorporar información institucional que exige respuestas más precisas.
La gobernadora conocía las posibles imputaciones
Otro aspecto de lo informado por la FGR merece especial atención. La institución señaló que durante el encuentro entre Campos y Godoy también se habló de la imputación que se formularía contra Jáuregui por el delito de traición a la patria en el ámbito federal y por posibles delitos del fuero común, lo que contrasta con lo que dijo Campos de que no lo sabía y que era "excesivo".
Esta revelación agrega un elemento importante para entender la secuencia de los acontecimientos. Según la versión federal, la gobernadora conoció los delitos que se contemplaban imputar al exfiscal. Por lo tanto, resulta necesario distinguir entre conocer la existencia de una investigación, estar enterada de posibles acusaciones y haber intervenido para promoverlas.
No son situaciones equivalentes.
Tampoco puede afirmarse que Campos ordenó la detención de Jáuregui, porque esa decisión corresponde a las autoridades competentes y debe sustentarse en procedimientos legales.
Pero sí queda abierta una cuestión política: si la mandataria conocía la dirección que estaban tomando las investigaciones federales, ¿por qué su discurso público dejó la impresión de que se trataba de un proceso completamente ajeno a las conversaciones que ella misma había sostenido?
La respuesta importa porque la credibilidad de una autoridad no depende solamente de que sus declaraciones sean jurídicamente correctas, sino también de que permitan entender lo ocurrido sin omitir información relevante.
La responsabilidad no termina necesariamente en el exfiscal
Supongamos que las investigaciones concluyen que César Jáuregui tomó decisiones irregulares sin autorización de la gobernadora. Eso permitiría establecer responsabilidades individuales, pero no resolvería automáticamente todas las preguntas sobre el funcionamiento de la administración estatal.
¿Quién supervisaba las actividades de la Fiscalía? ¿Qué mecanismos existían para conocer la participación de personal extranjero en operativos de seguridad? ¿Cómo se coordinaban las instituciones estatales y federales?
Una gobernadora no puede estar enterada de cada decisión de sus colaboradores. Tampoco sería razonable atribuirle automáticamente los posibles delitos que cometan. Pero el desconocimiento de una irregularidad no elimina la obligación de revisar por qué los mecanismos institucionales no permitieron detectarla o evitarla. Porque además cuando ella ha caído en una doble omisión: al decir que desconocía lo que se hacía en su gobierno con agentes extranjeros y al saber que supuestamente Jáuregui cometía delitos y aún así la Fiscalía a su cargo no actuaba.
Ahí está una discusión que ha quedado relegada por las acusaciones personales y los enfrentamientos políticos.
El caso de El Pinal no solamente puede revelar posibles responsabilidades penales. También puede mostrar fallas de coordinación, supervisión, y comunicación dentro de las instituciones de seguridad.
Y esas fallas merecen ser explicadas, independientemente de quién resulte responsable.
El costo de cambiar el discurso sin explicar las razones
Lo ocurrido durante los últimos meses deja una secuencia que merece analizarse con cuidado.
Primero se sostuvo que la participación extranjera estaba relacionada con actividades de capacitación. Después se anunció una investigación interna y la gobernadora dijo desconocer posibles irregularidades.
Más adelante se cuestionaron las acciones federales y se denunció un componente político en el caso, que se mantuvo hasta estos días cuando Campos dijo que "el gobierno de la muerte" se estaba pasando al denunciarlo de traición a la patria.
Finalmente, la FGR confirmó que la propia mandataria había acudido ante la fiscal general para responsabilizar al exfiscal y proporcionar información sobre otros presuntos delitos. Cada uno de esos momentos puede tener una explicación. Incluso es posible que entre una declaración y otra hayan surgido nuevos datos que justificaran modificar la postura inicial.
Pero precisamente eso es lo que falta aclarar: qué información apareció, cuándo se conoció y por qué cambió la valoración del Gobierno estatal sobre su antiguo fiscal.
Y si la gobernadora consideró necesario romper el acuerdo de reserva que había establecido con la presidenta, también sería razonable explicar qué propósito institucional buscaba con esa decisión.
Porque hacer pública una conversación privada y después cuestionar las revelaciones de la otra parte puede terminar debilitando el argumento original.
Lo que falta por explicar
El caso de César Jáuregui ofrece una reflexión sobre las relaciones de confianza dentro del poder.
Cuando un funcionario cercano enfrenta acusaciones graves, sus antiguos aliados tienen que elegir entre defenderlo, guardar silencio o colaborar con las investigaciones.
Ninguna de esas decisiones debería tomarse al margen de la ley.
Maru Campos tenía derecho a deslindarse de conductas que desconociera y la obligación de informar a las autoridades sobre posibles delitos. Lo que debe explicarse es por qué esa colaboración, confirmada ahora por la Fiscalía federal, no quedó suficientemente clara cuando públicamente rechazaba haber entregado a su antiguo colaborador.
La diferencia entre traicionar políticamente a alguien y cumplir con un deber institucional puede ser enorme. Pero para distinguir una cosa de la otra se necesita conocer la secuencia completa de las decisiones.
Y esa secuencia todavía presenta vacíos.
Hoy el asunto ya no consiste únicamente en determinar qué ocurrió en el laboratorio de El Pinal ni cuál fue la participación de los agentes estadounidenses.
También implica conocer por qué una gobernadora que durante años mantuvo su confianza en César Jáuregui terminó señalándolo ante la Federación, qué información tenía sobre posibles actos de corrupción y por qué sus explicaciones públicas fueron cambiando conforme avanzaron los acontecimientos.
A eso se suma la decisión de revelar una conversación que había acordado mantener en privado con la Presidenta, una acción que terminó exponiendo aspectos de sus propios encuentros con las autoridades federales.
Al final, la principal pregunta no es si Maru Campos traicionó políticamente a César Jáuregui. Esa es una interpretación que puede variar según quien observe los hechos.
La pregunta verdaderamente importante es qué sabía, desde cuándo lo sabía y por qué los chihuahuenses se enteraron de una parte sustancial de esa información a través de las autoridades federales y no mediante una explicación completa de su propio gobierno.
Porque en política las lealtades pueden terminar y las versiones pueden cambiar.
Lo que no debería cambiar es la obligación de explicar las decisiones tomadas desde el poder.
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