Hay algo curioso en la discusión sobre la mal llamada Ley Antimemes: tanto el gobierno como la oposición aseguran estar defendiendo la libertad de los ciudadanos, pero entre acusaciones, discursos y enfrentamientos políticos, lo que menos se ha explicado es qué dice realmente la reforma, que ya fue aprobada recientemente. Y eso es precisamente lo que debería preocuparnos, porque cuando se habla de posibles restricciones a la libertad de expresión, la claridad resulta mucho más importante que las consignas partidistas.
Por ejemplo, el presidente estatal del PRI en Chihuahua y diputado federal, Alejandro Domínguez Domínguez, lanzó una advertencia contundente al asegurar que Morena pretende castigar las críticas, la sátira y el humor político en las redes sociales. Su posicionamiento parte de una premisa difícil de discutir: ningún ciudadano debería enfrentar consecuencias penales simplemente por burlarse de un gobernante. El problema aparece cuando esa preocupación legítima se presenta como si la reforma ya hubiera convertido los memes en un delito.
La realidad jurídica es bastante más específica. El artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, aprobado por la Cámara de Diputados el 21 de octubre, contempla sanciones de uno a cinco años de prisión y multas para quienes utilicen elementos de identidad institucional, a escala comercial, con la intención de engañar sobre su origen oficial para cometer un ilícito. No establece una prohibición general de las caricaturas políticas, las bromas en internet o las publicaciones que cuestionan a las autoridades.
Pongamos un ejemplo sencillo. Una persona que modifica el logotipo de una dependencia para burlarse de sus malos resultados está realizando una expresión política. En cambio, alguien que crea una página falsa con la imagen de esa misma institución para engañar a los ciudadanos y cobrarles por trámites inexistentes estaría realizando una conducta completamente diferente. La reforma busca sancionar este segundo supuesto y contiene condiciones legales que no pueden ignorarse cuando se analiza su alcance.
Por eso resulta pertinente el llamado del coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, quien ha pedido revisar el decreto completo, artículo por artículo, antes de sacar conclusiones y caer en falacias o afirmaciones que no estén respaldadas por el texto legal. Estrada sostiene que la polémica se ha construido sobre una interpretación equivocada de la reforma y ha invitado a identificar exactamente dónde se establece alguna sanción contra los memes. Bajo esa misma lógica, cuando Domínguez afirma que Morena pretende castigar el humor político, habría que preguntarle dónde señala la legislación que una persona puede ir a prisión por publicar una burla contra un gobernante. Esa demostración no aparece en su posicionamiento. Lo que sí existe es una controversia sobre la precisión de la norma y los riesgos que podría generar su aplicación, dos asuntos importantes, pero que no equivalen a demostrar que toda sátira será perseguida.
Ahora bien, tampoco sería correcto aceptar sin cuestionamientos la explicación del oficialismo. Que una ley no mencione expresamente los memes no significa que su aplicación esté automáticamente libre de riesgos. Las disposiciones penales deben ser suficientemente claras para impedir interpretaciones arbitrarias, especialmente cuando afectan expresiones relacionadas con funcionarios públicos. En este caso, la discusión sobre los conceptos de escala comercial, engaño e intención de cometer un ilícito merece un análisis jurídico serio.
Y aquí hay un dato que le da mayor sustancia a los cuestionamientos del propio legislador priista. Durante el proceso legislativo, Domínguez propuso incorporar una excepción expresa para proteger actividades periodísticas, educativas, satíricas, artísticas y de crítica política. Esa propuesta buscaba evitar que los alcances de la disposición quedaran sujetos a interpretaciones que pudieran afectar expresiones legítimas. La mayoría legislativa no aceptó modificar el texto aprobado.
Ese es un punto mucho más sólido para discutir que asegurar, de manera general, que con la aprobación de la reforma el gobierno quiere encarcelar a quienes hacen reír. ¿Por qué no incluir una protección explícita para caricaturistas, periodistas y ciudadanos si todos los partidos aseguran que esas expresiones deben mantenerse libres? Morena tendría que explicar por qué consideró innecesaria esa precisión, mientras que la oposición debería distinguir entre una posibilidad de aplicación indebida y una prohibición que el texto no establece.
La preocupación por la libertad de expresión tampoco se limita a este artículo. En octubre se discutió otra reforma, relacionada con la Ley Federal del Derecho de Autor y las obligaciones de las plataformas digitales para retirar contenidos que vulneren derechos de terceros. Aunque se trata de una modificación distinta, también recibió el nombre de Ley Antimemes y abrió interrogantes sobre la posibilidad de que empresas tecnológicas retiren publicaciones para evitar sanciones, incluso cuando existan controversias legítimas sobre su uso.
Confundir ambas reformas bajo una misma etiqueta puede servir para construir un mensaje político fácil de repetir, pero dificulta que los ciudadanos sepan qué está en discusión. No es lo mismo enfrentar una posible investigación penal por utilizar fraudulentamente una identidad gubernamental que reclamar la eliminación de un contenido por derechos de autor. Los riesgos legales, las autoridades involucradas y las consecuencias son diferentes, aunque ambos debates merezcan atención.
Domínguez también señala que México enfrenta problemas de inseguridad, deficiencias hospitalarias y desabasto de medicamentos, por lo que cuestiona que el Congreso dedique tiempo a estas reformas. Es una crítica política válida, pero no demuestra por sí misma que la legislación sea censora. Un Congreso puede discutir simultáneamente problemas de salud, seguridad y propiedad intelectual. La verdadera pregunta es si está elaborando buenas leyes y si sus integrantes están justificando adecuadamente las restricciones que aprueban.
De la misma manera, acusar a Morena de buscar el control de todo lo que los ciudadanos piensan o publican atribuye una intención política que requiere pruebas. La concentración de poder y las garantías de libertad de expresión pueden discutirse con hechos concretos, decisiones legislativas y consecuencias verificables. Reducir todo a una acusación sobre las supuestas intenciones del adversario facilita la confrontación, pero deja sin resolver las dudas legales.
Tampoco debe perderse de vista que una disposición puede producir efectos negativos sin necesidad de que exista una sentencia condenatoria. La posibilidad de enfrentar una denuncia, contratar abogados o acudir ante autoridades puede ser suficiente para que algunas personas prefieran no publicar una caricatura. Ese riesgo de autocensura merece estudiarse, aunque no implique afirmar que cualquier meme encuadra automáticamente en el nuevo delito.
En este debate hay responsabilidades para todos. Morena y sus aliados deben demostrar que las normas aprobadas cuentan con salvaguardas suficientes y explicar por qué rechazaron propuestas destinadas a proteger expresamente la sátira y el periodismo. El PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, por su parte, tienen la obligación de fundamentar sus advertencias en las disposiciones reales y no presentar escenarios hipotéticos como si fueran consecuencias inevitables.
Lo que está en juego es demasiado importante para convertirlo en una simple competencia de declaraciones. La libertad de expresión debe protegerse incluso cuando una crítica incomoda al gobierno, resulta injusta, exagerada o desagradable. Pero esa protección también exige distinguir entre cuestionar a una autoridad y hacerse pasar fraudulentamente por ella para perjudicar a los ciudadanos.
Tienen razón también cuando se afirma que la libertad de expresión no es una concesión de Morena ni de ningún gobierno. Es un derecho constitucional que debe respetarse sin importar quién ocupe el poder. Pero precisamente porque se trata de un derecho tan importante, merece argumentos completos, información correcta y una discusión que vaya más allá de bautizar una reforma con un nombre alarmante.
El gobierno no debería pedir confianza ciega cuando legisla sobre expresiones públicas, ni la oposición debería pedir que se acepte como censura cualquier disposición que le parezca sospechosa.
La mejor defensa de la libertad no está en repetir que alguien quiere prohibir los memes, sino en exigir leyes suficientemente precisas para que nadie pueda utilizarlas contra una crítica legítima.
Porque en una democracia los ciudadanos tienen derecho a burlarse del poder. Y también tienen derecho a que sus representantes les expliquen las leyes sin convertir el miedo en una herramienta de disputa política.
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