Quito.- La Organización de Naciones Unidas (ONU) reportó que 2.6 millones de personas en Ecuador enfrentan hambre aguda en medio de una crisis sin precedentes. A la par, el presidente Daniel Noboa aseguró haber reducido la pobreza extrema a 21 por ciento, pero evitó dar cifras sobre la crisis económica, los niveles de violencia criminal y el endeudamiento externo, en su último informe a la nación, rendido el 24 de mayo.
Estos momentos, Ecuador, con 18 millones de habitantes, tiene una de las tasas más elevadas de desnutrición en niños en América Latina (19.3 por ciento de los menores de 2 años y 17.5 por ciento de los menores de 5 años), lo que perpetúa la trampa de la pobreza para las siguientes generaciones.
La ONU y otras entidades internacionales dan cuenta de que este país andino “atraviesa una emergencia compleja que está dejando a millones de personas sin acceso suficiente a alimentos”.
La inseguridad alimentaria se expresa en comer una o dos veces al día máximo y tener una población infantil con desnutrición crónica. No es sólo “tener poca comida”, señala la ONU, sino que “afecta la nutrición infantil y el desarrollo cerebral, la capacidad de las familias para trabajar y estudiar, la estabilidad de comunidades enteras y el futuro del país. Cada mes de retraso en la respuesta hace que la solución sea más difícil y cara”, señala el informe humanitario 2025-2026 de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria por Fases. El análisis incluyó tanto a la población residente como a la población migrante, mayormente de nacionalidad venezolana, quienes enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad.
Sin esperanza de mejoría
El documento además indica que para el periodo de agosto a noviembre de 2026 “se espera que la gravedad de la inseguridad alimentaria aguda se mantenga en niveles similares, con 2.6 millones de personas proyectadas en la fase 3 o superior”, considerando que la fase 3 indica crisis, y la fase 4, emergencia.
El texto pronostica que provincias como Esmeraldas y Pastaza “permanezcan en la fase 3, mientras que el resto del país se mantendrá en la fase 2 (estrés), incluyendo la provincia de Guayas (la más poblada de Ecuador), que se espera que muestre una leve mejoría estacional al pasar de la fase 3 a la fase 2”.
La investigación concluye que esta “grave situación de inseguridad alimentaria en Ecuador se debe a una combinación de factores”, como los altos precios de los alimentos, la inestabilidad de los ingresos, los impactos climáticos, la violencia y la inseguridad. “Estos desafíos se ven agravados por riesgos agrícolas, como el (hongo) Fusarium raza 4, que afecta la producción de plátano y los ingresos familiares en las zonas rurales, así como entre las poblaciones migrantes”, acotó.
Sin embargo, el gobierno de Noboa no responde a los pedidos de información sobre soluciones inmediatas a este problema. Por el contrario, para la presentación del informe desplegó campañas de publicidad millonarias en las que destaca la reducción de la pobreza y señaló que es una cifra histórica estimada en 21 por ciento, frente a 26 por ciento registrado después de la pandemia de 2020.
Expertos como el economista Juan Pablo Jaramillo, consultado por La Jornada, señalan que el gobierno usa datos estadísticos sin respaldo de muestras considerables, con “apenas 9 mil entrevistados”, cuando antes se consultaba a más de 40 mil personas para este tipo de estudios.
Jaramillo afirma, además, que no son reducciones respaldadas en investigaciones más profundas, porque dejan de lado condiciones básicas de vida y de bienestar, porque además se sustentan en la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de 2010.
La Jornada
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