Chihuahua, Chih.- El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional Alfredo Chávez, respaldó hoy al diputado federal de Morena Ricardo Monreal sobre que no habría elementos para la solicitud de juicio político promovida contra la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos.
En rueda de prensa hoy dijo que con esto quedó sin sustento, al asegurar que los legisladores locales de Morena no ratificaran el procedimiento, a pesar de que ayer mismo el coordinador del grupo parlamentario de Morena Cuauhtémoc Estrada dijo que hasta ahora ni siquiera han recibido notificación de recibido, lo que fue rebatido por los legisladores panistas "claro que no les van a notificar, saben que tenían tres días para hacerlo", dijo Chávez.
El legislador señaló que la postura expresada por Monreal confirma que hasta ahora no existen elementos jurídicos suficientes para acreditar una presunta violación constitucional por parte de la mandataria estatal, a pesar de que en entrevistas ella misma lo reconoció.
En la entrevista Monreal dice que lo que detuvo fue la discusión del tema en la última maratónica sesión de la Cámara de Diputados, y Chávez aseguró que "la decisión de no continuar con el procedimiento demuestra que el asunto tenía un componente político más que jurídico", ya que "no existe ninguna razón legal para iniciar un juicio político o una declaración de procedencia contra la gobernadora", reiteró.
Apenas ayer la Fiscalía General de la República informó que el exfiscal estatal César Jáuregui aportó información relevante para poder aclarar el tema no del desmantelamiento del narcolaboratorio sino la presencia y operación de agentes de la CIA en la entidad.
Sin embargo, las declaraciones públicas de Monreal no significan el cierre definitivo de las indagatorias, ya que dijo que "hasta este momento, no se cuenta con pruebas que permitan establecer una responsabilidad directa de la gobernadora" y que el tema debe seguir revisándose para determinar si existen elementos legales suficientes.
Monreal también ha manifestado que cualquier determinación deberá estar respaldada por pruebas sólidas y no únicamente por señalamientos políticos, por lo que las investigaciones continúan en curso mientras las autoridades federales concluyen la revisión de los hechos.
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