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Ciudad de México. Organizaciones pro derechos de los migrantes de la región expresaron su preocupación por el discurso pronunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la 80 asamblea general de las Naciones Unidas, en el que evidenció su intención de restringir el derecho de asilo y de protección internacional a millones de personas que lo necesitan.

En ese marco, solicitaron al gobierno de México rechazar cualquier intento de reformar, reemplazar o desmantelar el régimen internacional de protección a personas refugiadas.

En una petición dirigida al canciller Juan Ramón de la Fuente —quien participa en la asamblea de la ONU en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum—, grupos como el Instituto para las Mujeres en la Migración, International Detention Coalition, Apoyo a Migrantes Venezolanos, Asociacionismo de Nicaragüenses en México, la Red Franciscana para Migrantes de las Américas y su oficina en México, pidieron que la administración mexicana no se sume a la posición del jefe de la Casa Blanca y mantener los principios constitucionales de política exterior, cooperación internacional, promoción de los derechos humanos y de tradición del asilo. 

“Las organizaciones de la sociedad civil firmantes le dirigimos la presente comunicación para expresar nuestra profunda preocupación ante la información que tenemos respecto a los intentos del gobierno de Estados Unidos por debilitar el derecho internacional de los derechos humanos y de las personas refugiadas en esta 80 asamblea general de las Naciones Unidas”.

Señalaron que de acuerdo con reportes de la agencia internacional Reuters, Washington “ha convocado un evento paralelo con el objetivo de promover una reforma regresiva al sistema global de asilo. Dicha iniciativa propone endurecer las reglas para quienes huyen de conflictos armados, persecuciones o violaciones graves a derechos humanos, socavando principios esenciales del derecho internacional”.

Las ONGs remarcaron que la intención de Trump es impulsar dos medidas “profundamente preocupantes”: restringir el derecho a solicitar asilo únicamente al primer país de llegada, sin considerar si dicha nación ofrece condiciones de seguridad, protección efectiva o garantías procesales; y transformar el asilo en un estatus temporal, sujeto a revisiones periódicas que permitan la devolución de las personas sujetas a protección internacional, incluso sin un análisis individualizado ni salvaguardas adecuadas.

Ante ese riesgo, solicitaron al gobierno de la presidenta Sheinbaum abstenerse de participar en dicho “evento paralelo” y expresar una postura “clara y contundente” en la que se rechace cualquier intento de reformar, reemplazar o desmantelar el régimen internacional de protección a personas refugiadas.

Pidieron además que México lidere un llamado a la comunidad internacional en el marco de la 80 asamblea general de la ONU para proteger la figura del asilo y el principio de no devolución, “piedra angular del sistema de protección internacional”; y visibilice la Declaración de Cartagena sobre los Refugiadios, “que ha constituido un pilar fundamental en el fortalecimiento del régimen internacional de protección a personas refugiadas, inspirando marcos normativos nacionales y prácticas humanitarias en la región, y consolidando principios de solidaridad y responsabilidad compartida”.

También exhortaron al gobierno mexicano a destacar en el seno de la ONU el impacto negativo que tendría la desaparición o debilitamiento del sistema de asilo, particularmente en un contexto global de múltiples crisis humanitarias y desplazamientos forzados. 

“México, con su reconocida tradición de asilo, siendo un referente en el tema y su política exterior humanista, debe mantenerse firme en la defensa de los principios fundamentales del derecho internacional de las personas refugiadas. Por ello, le instamos respetuosamente a que, en representación del Estado mexicano, reafirme el compromiso con la protección internacional, rechace cualquier intento de regresión normativa y defienda los derechos de quienes se ven forzados a huir de sus países”, subrayaron. 

La Jornada

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