Ciudad de México.- Con la intención de frenar el reclutamiento de niñas, niños, adolescentes y adultos por parte del crimen organizado, fue presentada en el Senado de la República una propuesta para que esta práctica sea considerada un delito por sí mismo y pueda castigarse desde el momento en que una persona es captada.
La iniciativa fue dada a conocer durante el segundo foro denominado De la Protección a la Acción, realizado el 14 de octubre y convocado por el senador por Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, junto con especialistas, organizaciones civiles y organismos internacionales.
Uno de los principales objetivos es cerrar los vacíos que actualmente existen en la legislación federal, ya que las leyes vigentes no contemplan de manera específica todas las formas que utilizan los grupos delictivos para atraer a nuevos integrantes.
De acuerdo con lo expuesto durante el encuentro, la propuesta permitiría sancionar a quienes busquen convencer, engañar, contactar o reclutar personas para integrarlas a organizaciones criminales, incluso cuando las víctimas no lleguen a formar parte de estos grupos ni participen en algún delito.
También contempla castigos más severos cuando los responsables utilicen redes sociales para captar víctimas, aprovechen relaciones de confianza o involucren a menores de 18 años.
Otro de los puntos importantes es que las personas reclutadas sean reconocidas como víctimas y puedan recibir protección, atención integral y medidas de reparación, en lugar de ser tratadas únicamente como integrantes de organizaciones delictivas.
La propuesta también establece que los casos de reclutamiento de menores de edad no prescriban, además de incluir disposiciones para aquellos casos en los que una persona sea obligada a reclutar a otras bajo amenazas o presiones.
Durante el foro participaron las senadoras Reyna Celeste Ascencio Ortega y Laura Esquivel Torres, así como representantes del Instituto Nacional de Ciencias Penales, del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y de organismos especializados.
En la presentación técnica también intervinieron especialistas de UNICEF, TOJIL, Reinserta y otras instituciones, quienes abordaron las dificultades que enfrentan las autoridades para investigar y castigar estas prácticas con las herramientas legales actuales.
Los participantes coincidieron en que establecer un delito específico ayudaría a intervenir antes de que las personas sean incorporadas a actividades criminales, además de facilitar las investigaciones y la identificación de los responsables.
Finalmente, señalaron que una reforma legal por sí sola no resolverá el problema, por lo que también será necesario impulsar programas de prevención, atención y protección, especialmente para evitar que niñas, niños y adolescentes continúen siendo utilizados por organizaciones delictivas.
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