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Chihuahua, Chih.- El Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua aprobó los nuevos criterios de paridad de género y acciones afirmativas para las elecciones de 2027, entre los que destaca la obligación de postular exclusivamente a mujeres en cinco presidencias municipales, además de establecer espacios para personas indígenas, con discapacidad, integrantes de la diversidad sexual y jóvenes.

La decisión fue tomada durante la vigésima primera sesión extraordinaria del Consejo Estatal pasada la medianoche del sábado,  donde se definieron las reglas que deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y, cuando corresponda, aspirantes independientes al momento de registrar sus candidaturas.

Uno de los cambios más importantes es que la reserva exclusiva de candidaturas femeninas quedó establecida para los municipios de Juárez, Cuauhtémoc, Camargo, Janos y Nonoava, donde tanto las candidatas propietarias como sus suplentes deberán ser mujeres.

La determinación representa una modificación respecto al anteproyecto que había generado controversia entre los partidos políticos, pues inicialmente se planteaba reservar 23 presidencias municipales para mujeres, mientras que el acuerdo finalmente aprobado contempla solamente cinco.

Además de esta medida, el IEE estableció que los partidos deberán distribuir sus candidaturas de manera equilibrada entre municipios con diferentes niveles de competitividad electoral, con la intención de evitar que las mujeres sean postuladas únicamente en lugares donde existen menores posibilidades de triunfo.

Para ello, los 67 municipios de Chihuahua fueron divididos en tres bloques: 22 de alta competitividad, 23 de competitividad media y 22 de baja competitividad.

Cuando un partido registre candidaturas en todos los municipios, tendrá que postular al menos 11 mujeres en el bloque de alta competitividad, 12 en el de media y 11 en el de baja, que deberá cumplirse por separado tanto para las presidencias municipales como para las sindicaturas.

Sin embargo, fuera de los cinco municipios reservados exclusivamente para mujeres, los partidos conservarán la facultad de decidir en qué localidades postularán candidatas, siempre que respeten las reglas generales de paridad.

Otro de los puntos aprobados está relacionado con la representación de los pueblos originarios, ya que los nuevos criterios establecen que deberán incluirse fórmulas integradas por personas indígenas en las planillas de mayoría relativa de 34 municipios.

De estas postulaciones, al menos el 50 por ciento tendrá que corresponder a mujeres indígenas, con el propósito de ampliar su participación en los gobiernos municipales.

El acuerdo también contempla espacios para personas de la diversidad sexual y personas con discapacidad permanente, tanto en las elecciones de diputaciones como en las de ayuntamientos, de acuerdo con las disposiciones establecidas para cada cargo.

En el caso del Congreso del Estado, cada partido político deberá registrar como mínimo una fórmula integrada por personas de la diversidad sexual y otra por personas con discapacidad permanente, conforme a las reglas de distribución entre candidaturas de mayoría relativa y representación proporcional.

Las juventudes también fueron consideradas dentro de las nuevas disposiciones, toda vez que los partidos, coaliciones y candidaturas comunes tendrán que incluir fórmulas de personas de entre 18 y 29 años en las planillas de Ayuntamientos que registren, además de cumplir con las medidas previstas para las listas de regidurías de representación proporcional.

Estas candidaturas deberán estar integradas por una persona propietaria y una suplente que cumplan con el requisito de edad.

Los criterios aprobados incluyen la revisión de la paridad vertical, horizontal y transversal, mecanismos que buscan garantizar una distribución equilibrada de mujeres y hombres entre los distintos cargos, municipios y niveles de competitividad.

Con estas reglas, el IEE definió las condiciones que deberán cumplir las fuerzas políticas durante el registro de candidaturas para el proceso electoral 2026-2027, en el que se renovarán las 67 presidencias municipales y otros cargos de elección popular.

La aprobación ocurre después de las inconformidades que generó el proyecto inicial entre distintas fuerzas políticas, principalmente por la propuesta de reservar 23 alcaldías a mujeres y los cuestionamientos sobre las facultades del organismo electoral para establecer estas disposiciones.

Finalmente, el acuerdo redujo a cinco los municipios con candidaturas femeninas obligatorias, pero mantuvo los mecanismos de paridad por bloques de competitividad y las acciones afirmativas destinadas a ampliar la representación de distintos sectores de la población.

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