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Ciudad de México.- Un ciudadano mexicano extraditado desde México se declaró culpable ante una corte federal de Estados Unidos por su participación en una red internacional dedicada al tráfico de miles de migrantes de diversos países hacia territorio estadounidense con fines de lucro.

De acuerdo con documentos judiciales, Efraín Z. G, de 38 años, formó parte de la organización criminal entre noviembre de 2020 y septiembre de 2023. La red facilitó el ingreso ilegal de personas originarias de Afganistán, Yemen, Egipto, India, Pakistán, Colombia, Guatemala, Honduras y Ecuador a través de la frontera entre México y Estados Unidos.

Las investigaciones señalan que la organización operaba casas de seguridad en Monterrey y Piedras Negras, desde donde los migrantes eran resguardados antes de ser entregados a "coyotes" que los guiaban a cruzar el río Bravo para ingresar de manera clandestina a Estados Unidos.

Según las autoridades, Efraín era responsable de la operación de la casa de seguridad ubicada en Monterrey y coordinaba el traslado y alojamiento temporal de los migrantes antes de su cruce hacia territorio estadounidense.

La red era dirigida por el hondureño Enil Edil Mejía Zúñiga, quien admitió haber introducido ilegalmente entre 2 mil 500 y 3 mil personas en un periodo de dos años. De acuerdo con su declaración, la organización cobraba entre 6 mil 500 y 12 mil dólares por cada migrante, obteniendo ganancias estimadas de entre 16 y 30 millones de dólares. Enil fue sentenciado a 10 años de prisión en julio de 2025, mientras que su coacusada, Mónica Hernández Palma, recibió una condena de 41 meses de cárcel en mayo de 2026.

Ahora, Efraín se declaró culpable de conspiración para introducir extranjeros a Estados Unidos con fines de lucro, introducción ilegal de personas y complicidad. La fecha para la imposición de la sentencia aún no ha sido fijada, aunque enfrenta una pena mínima obligatoria de tres años de prisión. La condena definitiva será determinada por un juez federal con base en las directrices de sentencia y otros factores legales.

El caso fue dado a conocer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La investigación fue encabezada por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Del Río, Texas, con apoyo de diversas agencias estadounidenses y la colaboración de autoridades mexicanas, que hicieron posible la captura y posterior extradición del acusado.

Las autoridades estadounidenses señalaron que este proceso forma parte de las acciones del Grupo de Trabajo Conjunto Alfa, una iniciativa creada para combatir organizaciones dedicadas al tráfico y trata de personas vinculadas con cárteles y grupos criminales transnacionales. De acuerdo con el Departamento de Justicia, este grupo ha logrado más de 464 detenciones, más de 414 condenas y la imposición de más de 360 sentencias de prisión contra integrantes de estas redes delictivas.

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