Ciudad de México.- El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional por Chihuahua Alejandro Domínguez, pidió que la Cámara de Diputados cuente con información completa, verificable y pública antes de dictaminar la iniciativa de reforma constitucional que busca exigir nacionalidad mexicana única a quienes aspiren a la Presidencia de la República, gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El legislador recordó que presentó ante la Comisión de Puntos Constitucionales una solicitud formal de información relacionada con la iniciativa recibida el pasado 31 de agosto, mediante la cual se plantea reformar y adicionar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de nacionalidad única.
Domínguez advirtió que una modificación constitucional de esta naturaleza debe estar sustentada en evidencia objetiva que demuestre la existencia de un problema real, particularmente porque podría representar una restricción permanente a los derechos políticos de mexicanos por nacimiento que cuentan con doble nacionalidad.
“Si existen hechos que demuestren un riesgo para la soberanía nacional derivado de la doble nacionalidad, corresponde a la Cámara conocerlos y evaluarlos; de no existir evidencia suficiente, resulta indispensable ponderar cuidadosamente la pertinencia y proporcionalidad de establecer una restricción permanente al ejercicio de derechos políticos”, señaló.
Por ello, solicitó que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal informe si existen casos, expedientes, denuncias, investigaciones, resoluciones o comunicaciones diplomáticas en los que la doble nacionalidad haya generado un conflicto concreto de lealtad institucional o algún riesgo para la soberanía nacional.
También pidió conocer los estudios técnicos, diagnósticos, análisis de inteligencia, opiniones jurídicas y documentos interinstitucionales utilizados para elaborar la propuesta, así como el test de proporcionalidad y el análisis de impacto en derechos humanos que sustentarían la exigencia de renunciar a otra nacionalidad.
El también dirigente estatal del PRI planteó además revisar las consecuencias que una reforma de este tipo tendría para las comunidades mexicanas binacionales y migrantes, así como determinar cuántos mexicanos por nacimiento y posibles aspirantes a cargos de elección popular podrían verse afectados.
Como parte de su planteamiento, presentó un anexo con 20 preguntas parlamentarias agrupadas en cuatro temas: diagnóstico y evidencia; igualdad, necesidad y proporcionalidad; viabilidad jurídica e implementación, e impacto político y temporalidad.
Domínguez sostuvo que la protección de la soberanía nacional es un objetivo legítimo, pero insistió en que cualquier restricción constitucional debe acreditar plenamente su necesidad, proporcionalidad y viabilidad jurídica.
“Una reforma constitucional de esta trascendencia no puede construirse sobre hipótesis; debe sustentarse en hechos, evidencia y argumentos jurídicos verificables. Defender la soberanía también significa defender la Constitución y los derechos políticos de las y los mexicanos”, concluyó.
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