Deloitte acordó pagar 21.5 millones de dólares para resolver acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionadas con prácticas de diversidad, equidad e inclusión, conocidas como DEI, aplicadas en decisiones laborales mientras la firma trabajaba como contratista del Gobierno Federal. El acuerdo no implica que la compañía haya reconocido responsabilidad, ya que negó las acusaciones como parte de la conciliación.
Según las autoridades estadounidenses, las prácticas cuestionadas se habrían desarrollado entre enero de 2017 y agosto de 2026 e involucraron procesos de contratación, promoción y asignación de personal. El Departamento de Justicia sostuvo además que Deloitte habría utilizado criterios relacionados con raza y sexo para avanzar hacia objetivos no públicos sobre la composición de su plantilla, además de ofrecer determinadas oportunidades de capacitación, mentoría y desarrollo profesional con base en esas características.
El Gobierno estadounidense argumentó que identificar estas políticas como programas de diversidad e inclusión no exime a las empresas de cumplir las leyes federales contra la discriminación. El fiscal general adjunto Todd Blanche señaló que los contratistas federales no pueden recompensar o perjudicar a trabajadores por su raza o sexo, por lo que el caso también plantea hasta dónde pueden llegar las estrategias empresariales destinadas a aumentar la representación de determinados grupos.
La resolución se produce en medio de un mayor escrutinio del Gobierno de Donald Trump sobre las políticas DEI. En mayo de 2025, el Departamento de Justicia puso en marcha la Iniciativa contra el Fraude en los Derechos Civiles para actuar contra organizaciones que reciben fondos federales y que, de acuerdo con las autoridades, incumplan las leyes de derechos civiles. La administración ha advertido que instituciones que utilicen recursos públicos para determinadas políticas DEI podrían poner en riesgo su acceso a esos fondos.
Las acusaciones contra Deloitte fueron presentadas bajo la Ley de Reclamaciones Falsas a partir de una acción impulsada por American Alliance for Equal Rights, organización que cuestiona prácticas de discriminación basadas en la raza. Como parte de la resolución, el grupo recibirá 4.3 millones de dólares de los recursos recuperados.
El caso representa una advertencia para otras empresas que mantienen contratos con el Gobierno estadounidense, ya que las políticas de diversidad dejaron de ser únicamente un asunto de cultura organizacional o responsabilidad social para convertirse también en un tema de cumplimiento legal. Las compañías deberán revisar cómo establecen sus objetivos de representación, quién puede acceder a sus programas y qué criterios utilizan en decisiones relacionadas con contratación, ascensos y desarrollo profesional.
El acuerdo también muestra el costo económico y reputacional que pueden alcanzar estas disputas. Aunque Deloitte no admitió responsabilidad, el caso podría convertirse en referencia para otras compañías que aplican programas dirigidos a grupos específicos y reabre el debate sobre cómo promover espacios laborales diversos y equitativos sin que los mecanismos utilizados entren en conflicto con las leyes contra la discriminación.
ExpokNews
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