Honduras.- Un proceso penal contra el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, podría marcar un precedente en materia de libertad de expresión, al tratarse de la primera vez que un militar de ese rango enfrenta acusaciones relacionadas con ataques contra periodistas.
Una jueza determinó el pasado 1 de septiembre que existen elementos suficientes para avanzar hacia una audiencia preliminar, programada para el 14 de septiembre. Hernández apeló la decisión al señalar que el tribunal excluyó documentos presentados por su defensa.
El excomandante, quien también fue secretario de Defensa durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, enfrenta cargos por incitación a la discriminación y por presuntas afectaciones a derechos fundamentales, entre ellos la libertad de prensa y de expresión.
El caso se originó en medio de una creciente confrontación entre las Fuerzas Armadas y distintos medios de comunicación durante el proceso electoral hondureño.
En noviembre de 2024, el Auditor Jurídico Militar presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra 12 medios por presuntos delitos de calumnia y difamación.
La tensión aumentó durante las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025, cuando se registraron retrasos en la entrega de material electoral en numerosos centros de votación. La prensa pidió explicaciones y solicitó una investigación sobre lo ocurrido, debido a que las Fuerzas Armadas tenían bajo su responsabilidad la custodia del material.
Posteriormente, el 26 de mayo de 2025, la publicación oficial de las Fuerzas Armadas, FF.AA. Digital, utilizó la expresión “sicarios de la verdad” para referirse a los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra, a quienes acusó de difundir información falsa.
Según los periodistas, estos señalamientos representaron actos de estigmatización, incitación al odio y difamación. Las mismas acusaciones también fueron difundidas en redes sociales, de acuerdo con el expediente presentado por la Fiscalía.
El caso también incluye declaraciones atribuidas a Hernández contra el periodista José Adán López, a quien señaló públicamente como supuesto integrante del crimen organizado.
Además, en varios puntos de Tegucigalpa aparecieron mantas con fotografías de periodistas y mensajes en los que se les acusaba de desinformar e intentar afectar las elecciones. Los responsables se identificaron como integrantes del Movimiento Popular Hondureño, aunque no se estableció una relación directa con las Fuerzas Armadas.
Organizaciones defensoras de periodistas consideran que el proceso contra Hernández es histórico y podría sentar un precedente para futuros casos relacionados con agresiones, intimidación o intentos de limitar el trabajo de la prensa.
Un informe de C-Libre indicó que las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos aumentaron 19.6 por ciento durante el contexto electoral. De acuerdo con esos datos, 49 por ciento de los ataques fueron atribuidos a las Fuerzas Armadas, 22.8 por ciento a funcionarios del gobierno anterior y 17 por ciento a la Policía Nacional.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también expresó preocupación por los reportes de estigmatización e intimidación contra periodistas provenientes de miembros de las Fuerzas Armadas.
Organizaciones como la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos señalaron que presionaron durante varias semanas para que la Fiscalía avanzara con el caso.
Defensores de derechos humanos consideran que una eventual resolución judicial podría servir como antecedente para investigar otros ataques contra periodistas y reducir los niveles de impunidad que persisten en Honduras.
El proceso también ocurre en un nuevo escenario político, después de que el presidente Nasry Asfura asumió el cargo el 27 de enero de 2026, tras la salida de la administración encabezada por la expresidenta Xiomara Castro.
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