Chihuahua, Chih.– Durante la sesión del Congreso del Estado, la diputada Leticia Ortega Máynez, del Grupo Parlamentario de Morena, señaló que las respuestas del Ejecutivo sobre la Plataforma Centinela “más que aclarar, confirman tres cosas: que el contrato se adjudicó de manera discrecional, que el proyecto se maneja con opacidad estructural y que los resultados en seguridad no corresponden al tamaño del gasto”.
Ortega Máynez subrayó que el contrato identificado como SH/ADE/079/2022 se tramitó bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, aunque el proyecto incluye infraestructura, equipamiento y software operativo.
“El presupuesto estatal y la descripción del contrato dejan claro que no se trata sólo de un servicio intangible, sino de un proyecto que presenta características de obra pública, que exige en teoría procesos de licitación mucho más estrictos”, puntualizó.
La legisladora destacó que la información del proyecto fue reservada por cinco años, lo que impide al Congreso y a la ciudadanía revisar precios, alcances técnicos y cláusulas de cumplimiento. Además, advirtió que “escogen la ley que les da más margen, aplican la excepción más amplia y ni siquiera demuestran haber cumplido sus propios requisitos mínimos”.
Ortega recordó que diversas auditorías y reportes públicos han señalado antecedentes de sobrecostos e incumplimientos de Seguritech en otros estados, y señaló que aún así, el Gobierno del Estado otorgó a esta compañía el contrato más caro en su historia, más de 4 mil millones de pesos, sin licitación.
En materia de resultados, la diputada cuestionó la falta de indicadores verificables y la presentación de datos internos sin sustento estadístico. Recordó que, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Chihuahua sigue siendo el segundo estado con más homicidios dolosos del país, con más de mil trescientas víctimas entre enero y septiembre de 2025.
Finalmente, reiteró que el Congreso tiene la obligación de exigir claridad en el uso de los recursos públicos, pues la transparencia no sólo es un deber del gobierno, sino también un derecho de la ciudadanía.
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