Chihuahua, Chih.— Imaginemos la escena: un proyecto legislativo enviado desde el Congreso del Estado de Chihuahua el 1 de marzo de 2023, con el objetivo de ofrecer tarifas preferenciales y subsidios para el gas LP, gas natural y gasóleo de uso doméstico, circula por oficinas, comisiones y escritorios del Senado. La iniciativa, registrada como LXVII/INICU/0011/2023 II P.O., promete alivio para miles de familias durante el calorón del verano. Y entonces… silencio. Dos años y medio de silencio absoluto.
Finalmente, el 23 de septiembre de 2025, las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado le informan al Poder Legislativo, a través de la Correspondencia, que aprobaron desechar la propuesta. La instrucción fue clara: “descargar la iniciativa de los registros correspondientes” y dar el asunto por concluido. En otras palabras, el proyecto fue enterrado en los archivos de la burocracia federal, mientras los hogares seguían pagando más por algo tan básico como el gas para cocinar o calentar sus casas, como lo dijo en su momento la hoy ex diputada del Partido Acción Nacional Diana Pereda, al presentar el exhorto.
Este retraso no es menor. Cada mes de espera se traduce en facturas más altas y familias que sufren, pero no entienden de zonas ni de firmas de convenio que tampoco llegan. La política, en este caso, actúa como un reloj descompuesto: no marca la urgencia de la realidad social, sino los tiempos de la administración. La iniciativa fue presentada por la LXVII Legislatura del Congreso del Estado, con el respaldo de la presidencia y de varios legisladores locales, pero la respuesta tardía revela un problema estructural: la desconexión que hay a veces entre quienes legislan y quienes viven el impacto de esas decisiones. Otros políticos, como el diputado de Morena Cuauhtémoc Estrada tienen claro que un asunto pendiente debe aprobarse o rechazarse, pero siempre analizarse y determinarse, no dejarlo para después, o para nunca.
Más allá del tecnicismo administrativo, hay una lección clara: la lentitud legislativa no es neutral. Es un acto que tiene consecuencias palpables. Mientras el Senado archivaba la propuesta, la ciudadanía pagaba la factura. Literalmente.
Ahora, la pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿cuántos proyectos útiles más tendrán que dormirse en los archivos antes de que alguien decida que el tiempo de la burocracia no puede ser más importante que el de la ciudadanía? ¿Cuántas iniciativas más duermen en la congeladora hasta que alguien diga "no"?
En este caso, la respuesta del Senado llegó tarde. Demasiado tarde. Y la lección para quienes esperan soluciones energéticas claras es dolorosa: en la política, esperar no siempre es virtud; a veces es castigo.
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