Ciudad de México.- El hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, extinto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Antonio Oseguera Cervantes, de 67 años y originario de Michoacán, se declaró culpable ante una corte federal de Estados Unidos de conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina con destino a ese país, además de utilizar y portar un arma de fuego para facilitar las actividades de narcotráfico.
De acuerdo con documentos judiciales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Oseguera Cervantes participó durante más de dos décadas en operaciones de tráfico de drogas para organizaciones criminales mexicanas. Entre 2002 y 2010 formó parte del Cártel del Milenio, donde supervisó la venta de narcóticos, protegió territorios del grupo criminal y dirigió laboratorios para la fabricación de metanfetamina en Jalisco.
Las investigaciones señalan que, a partir de 2010, colaboró con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización para la que presuntamente coordinó el suministro de precursores químicos, la distribución de cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, así como el manejo de ganancias obtenidas por el narcotráfico y operaciones de lavado de dinero. Las autoridades también sostienen que portaba un arma de fuego durante reuniones relacionadas con estas actividades y al trasladar recursos de la organización.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Oseguera Cervantes aceptó su responsabilidad por conspirar para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína y más de 500 gramos de metanfetamina con destino a Estados Unidos, además del delito relacionado con el uso de armas de fuego.
La audiencia para dictar sentencia fue programada para el 13 de noviembre. De acuerdo con la legislación estadounidense, enfrenta una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión y una pena máxima que podría alcanzar dos cadenas perpetuas consecutivas. La sanción definitiva será determinada por un juez federal.
El Departamento de Justicia informó que Antonio Oseguera Cervantes fue trasladado de México a Estados Unidos en febrero de 2025 con la colaboración del Gobierno de México, como parte de los acuerdos de cooperación entre ambos países.
El caso es investigado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y forma parte de las acciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos para combatir a las organizaciones dedicadas al narcotráfico y al lavado de dinero.
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