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Ciudad Juárez.- Al cumplirse 16 años de que el cuerpo de Lilia Alejandra García Andrade, víctima de feminicidio en Ciudad Juárez, fue encontrado en un baldío con signos de violencia sexual, su madre Norma Andrade hizo un llamado al gobierno de Chihuahua para convertir en prioridad de su agenda el acceso a la justicia de las mujeres asesinadas en la entidad.

Frente a la Oficina de Representación del Gobierno de Chihuahua, la activista Norma Andrade exigió al actual mandatario de la entidad, Javier Corral Jurado, que se comprometa a esclarecer no sólo el caso de Alejandra, sino de “las cientos de mujeres y niñas asesinadas en el estados, cuyos casos se mantienen en la impunidad”. En el caso de Lilia, recordó, hay un perfil genético, pero no han identificado al agresor. 

ANTE LA CIDH

Actualmente el caso de Lilia se encuentra en su etapa final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó en entrevista con Cimacnoticias Karla Micheel Salas, cinco años después de que este organismo, perteneciente al Sistema Interamericano, lo admitió para revisión.

Sin embargo, hoy la familia aún espera que el Estado mexicano responda y dé su versión, para que la CIDH determine “quién tiene la razón, si el Estado mexicano o las víctimas”. Esperan también  que una vez que se dé la determinación, el caso sea elevado a la  Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), dijo la abogada.

De pasar a la CoIDH, sería el segundo caso ante esa instancia, ya que en el primero, conocido como Campo Algodonero, se emitió una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por el feminicidio de tres jóvenes.

PROMESAS Y NINGUNA SANCIÓN

La fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa destacó que el gobierno de Corral se comprometió en campaña a combatir las redes de corrupción e impunidad, a examinar los cuerpos policiacos que tenían diversas complicidades criminales y a atender las denuncias de la sociedad civil; “políticamente asumió un compromiso con los familiares de víctimas de feminicidio y mujeres desaparecidas”, declaró Andrade.

Sin embargo, el abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social AC, David Peña, dijo que “ese tema no se encuentra entre las prioridades del gobierno de Chihuahua.”

La abogada especializada en casos de feminicidio, Karla Micheel Salas, agregó que debe ser obligación del actual mandatario de Chihuahua sancionar a los servidores públicos relacionados con los casos o que obstruyeron el acceso a las justicia. “Podemos decir, a 20 años de que se han registrado los feminicidios, que ni un sólo servidor público ha sido sancionado, inclusive algunos continúan trabajando”, declaró Salas.

La abogada dijo que el feminicidio de Alejandra es ejemplo de esta impunidad y negligencia: aunque ya se cuenta con un perfil genético del asesino y que también está relacionado a otros cuatro casos de feminicidio de niñas de 13, 14 y 16 años, el caso sigue en sin resolverse y el responsable podría seguir operando en Ciudad Juárez.
Cimac Noticias

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